Estas son las medidas exigidas para poner fin a la huelga de trabajadores en el Marcelo Nessi

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) de Extremadura, ante los tristes hechos ocurridos el pasado 10 de Marzo con el fallecimiento de una trabajadora de un piso tutelado en Badajoz, ha querido transmitir “en primer lugar sus más sinceras condolencias y su más sentido pésame a los familiares y amigos/as de la asesinada”. 

Desde la FTSP-USO de Extremadura, se ha solicitado una nueva mediación ante la Fundación de Relaciones Laborales de la Junta de Extremadura para poder poner fin a la huelga que lleva convocada desde junio 2023 debido a la negativa a reconocer tanto por la Junta de Extremadura como por la Empresa adjudicataria del servicio, la peligrosidad al colectivo de vigilantes de seguridad que desempeñan sus funciones en el CCMJ Vicente Marcelo Nessi.  

El motivo de dicha mediación, según indican desde el sindicato, es que “ante la huelga que se mantiene en el Marcelo Nessi de Badajoz, y ante las más que justificadas razones que hicieron tomar esa difícil y dura decisión, tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a dicha huelga y al conflicto”.  

De esta manera buscan que se garantice “la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras que allí vienen desarrollando su servicio, ya que, como ha quedado demostrado, la peligrosidad no solo no cesa, sino que además va en aumento, siendo más que latente el aumento de inseguridad y miedo de los trabajadores y trabajadoras que allí trabajan”.  

Desde USO afirman que, para tratar de alcanzar un acuerdo, “se ha citado a la empresa concesionaria del servicio, así como a la Consejería de Salud y Servicios Sociales”.  

Entre las medidas concretas que se solicitarán está la de aumentar el número de vigilantes de seguridad “en dos vigilantes más en los turnos de mañana y de tarde diariamente y en un vigilante más en el turno de noche”. También se exigirá la impartición de cursos de formación específicos “de no menos de 80 horas, de forma presencial y específicos para dicho tipo de centro”.  

Además, pedirán que se disponga de equipos de protección individual regulados y recogidos por ley, “como chalecos o sprays”, y que se reconozca la peligrosidad a toda la plantilla de vigilantes, “ya que actualmente solamente la tienen reconocidos algunos integrantes de la misma”.  

Además, apuntan que, para que dicha medida no sea lesiva para la actual concesionaria del servicio, se comenzaría a reconocer los seis últimos o tres últimos meses de la actual licitación y de manera gradual hasta llegar el total del reconocimiento.  

“Estas propuestas han sido registradas y enviadas a la Consejera de Salud y Servicios Sociales, junto con el acuerdo firmado y alcanzado en Galicia, entre la Xunta de Galicia, sindicatos y una empresa, de mejoras de convenio y de cuestiones que no vienen recogidas en él”, aseguran, “excusa que ha interpuesto siempre la Junta de Extremadura así como la empresa concesionaria del servicio para no alcanzar un acuerdo”.  

Asimismo, desde USO Extremadura piden medidas de seguridad para el personal que desarrolla su trabajo en los pisos tutelados, “pues carecen de cualquier protección ante situaciones como la que tristemente se ha dado”. Además, exigen que se tomen medidas “de carácter urgente” y se dote de “mayores medios materiales y recursos humanos para el resto de centros de menores de la región”.  

“Los trabajadores y trabajadoras de seguridad privada, en estos tipos de centros, carecen además de la condición de agente de la autoridad”, a lo que desde la FTSP-USO de Extremadura señalan que, en este tipo de centros, al menos, “deberían de tener dicho reconocimiento de agente de la autoridad”.