Pensionistas exigen al Gobierno la realidad sobre las cuentas de la SS

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) han iniciado una campaña para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley 21/2021, que obliga a realizar una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. "Han transcurrido tres años y tres meses desde la aprobación de esta norma sin que se haya cumplido lo estipulado en su disposición adicional sexta", han reprochado.  

Gracias a las movilizaciones del movimiento pensionista, en diciembre de 2021 se logró la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021).  

Dicha ley establece que: "En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social (...). Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019".  

Desde COESPE señalan que "mientras esta ley sigue sin aplicarse, los medios afines al poder financiero y distintos partidos insisten en que "el sistema público de pensiones es insostenible", así como grandes fondos bancarios, financieras y aseguradoras presionan para gestionar las cotizaciones de los trabajadores a través de la privatización en los fondos privados de empresas y sectores". 

Además, apuntan que  "el Gobierno ha continuado legislando en favor de la privatización parcial del sistema público de pensiones y el retraso de la edad de jubilación, con el respaldo de los dirigentes sindicales de las organizaciones mayoritarias sindicales y patronales".  

"Según el informe del Tribunal de Cuentas de 2022, se han destinado 103.690 millones de euros de la Seguridad Social a gastos impropios". Por ello, exigen que "esta cantidad sea devuelta de inmediato a la caja de la Seguridad Social, pues con esta cantidad a cuenta de la auditoria se podrían resolver reivindicaciones históricas del movimiento pensionista, la brecha de género, pensiones mínimas al nivel del SMI, viudedad al 100%, y más aspectos.". 

"Es evidente que si se duplican los presupuestos en gasto militar, se recortarán fondos para servicios esenciales públicos como pensiones, sanidad, educación o dependencia", indican. Es por ello que COESPE ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través del enlace: https://chng.it/TBjzSpR9ZN, así como presencialmente en las plazas donde los pensionistas se concentran semanalmente. También están llevando a cabo una campaña en las instituciones de todo tipo, para que apoyen esta iniciativa.