PIDE recuerda a alumnos y padres que agredir a profesores es delito

Hace varios días tuvo lugar una agresión en el IES Ciudad Jardín de Badajoz, donde cuatro adolescentes agredieron a un profesor del centro: dos agredían y otros dos grababan la agresión. El último caso ha ocurrido en el IES de Zalamea, donde un alumno ha golpeado a una profesora.

Ante esta escalada de violencia en la región el sindicato considera que “si bien es verdad que estos son hechos aislados, no es menos cierto que ocurren con mayor frecuencia”. En los casos descritos la Consejería ha actuado “correctamente” ofreciendo su servicio jurídico a los docentes agredidos para que denuncien, “pero en otros casos miraron para otro lado”.

Por ello, celebran el cambio de actitud de la Consejería y esperan que se extienda en el tiempo. “Desgraciadamente todos los cursos tenemos casos de agresión a docentes en el ejercicio de su trabajo y, por tanto, hay que tomar conciencia de ello para poder afrontarlo con todas las garantías para los docentes”.

Han querido recordar que los docentes están considerados autoridad pública y que agredirles supone un delito. El código penal, en una enmienda al artículo 550, aclara que: “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

Ante esta premisa, animan a todos los docentes que sufran agresiones, insultos, injurias, ofensas… a que denuncien en el cuartel de la Guardia Civil, en la comisaría de policía más próxima o en la fiscalía de menores, en el ejercicio de su actividad profesional, para que se tomen las medidas correctoras necesarias (además de las tomadas por el centro) para sancionar y corregir estas actitudes violentas. “La lacra de la violencia gratuita contra docentes puede extenderse si no se actúa con contundencia y proporcionalidad necesarias”, advierten.

Recuerdan que si bien las agresiones físicas son hechos aislados, ”no lo son las agresiones morales y las falta de respeto; amén de las disrupciones durante el transcurso de las clases que muchos alumnos -objetores educativos- llevan a cabo habitualmente, demostrando con ello su activismo contra su obligada escolarización provocando conflictos, perjudicando al resto de alumnos y a ellos mismos; una lacra que está cerca de cronificarse si es que no lo ha hecho ya”.

Consideran que extender la escolarización obligatoria hasta los 16 años, o hasta los 18 como se está debatiendo ahora en el Pacto Educativo a nivel nacional “es incuestionablemente un logro, un avance en una sociedad moderna, pero dicha extensión debería tener las medidas correctoras necesarias para no mantener en una escolarización ordinaria a niños que se niegan a estar, ofreciendo una salida educativa diferente más temprana; y siempre que los centros estén dotados de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes”.