Podemos pide al Consejo de Estado un informe más detallado de la LEGIO

Podemos ha presentado una solicitud para que el Consejo de Estado se pronuncie de forma íntegra sobre la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, que está impulsando el Partido Socialista en la Asamblea, ya que la petición realizada por la Junta solo se ha limitado a aspectos constitucionales, y en concreto, a todos aquellos relacionados con las competencias de la Administración.

El diputado, Eugenio Romero, ha asegurado que “de esta forma el Consejo de Estado no se ha podido pronunciar sobre otras cuestiones importantes del proyecto de ley”.

Romero ha añadido que es necesario que cuando comience el debate en la Asamblea de Extremadura sobre un asunto de tanta transcendencia como esta "Ley de Casinos", por el impacto que supondrá, se haga con todos los informes preceptivos, tales como el documento de la conformidad de la Junta de Extremadura indicando que la ley no implica un aumento o disminución presupuestaria de este ejercicio y el informe de impacto de género elaborado por el Instituto de la Mujer de Extremadura “para que el Consejo de Estado pueda analizar también esta documentación”.

El también secretario primero de la Mesa ha advertido que el dictamen elaborado por el Consejo de Estado, a pesar de que no analiza toda la normativa en profundidad, da un duro varapalo a la Junta de Extremadura “advirtiendo de la inconstitucionalidad de varios artículos”. “Hay varios de ellos, como el 4.1, el 4.2, el 8.2, el 8.3 y el 9.2, que exceden de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, con lo cual son inconstitucionales”.

De hecho, en el dictamen del Consejo de Estado se indica que se suprimen las garantías del procedimiento expropiatorio previstas en la legislación estatal lesionando gravemente los derechos de los particulares afectados; se rebajan los requisitos exigidos en la normativa estatal de evaluación ambiental o que podría darse un problema con las infraestructuras que den servicio a las Grandes Instalaciones de Ocio, “porque éstas podrían ser estatales y la Junta no tendría competencias sobre ellas”.