PP y Podemos se unen para que Vara y Vergeles den la cara sobre las irregularidades de Tenorio

Partido Popular y Podemos han unido sus votos para sacar adelante las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el servicio de transporte sanitario terrestre de la región.

Ambos partidos coinciden en las “irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación”. Ahora, el dictamen de la comisión se elevará al pleno de la cámara con las propuestas de estos dos grupos parlamentarios, aunque tal y como han explicado, también se mantienen las conclusiones de PSOE y Ciudadanos.

Para el PP extremeño, tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; como el consejero de Sanidad, José María Vergeles, “son responsables políticos del caos originado por el concurso de ambulancias”.

Como ya adelantaba ayer 7Días, el PP trasladará a la Fiscalía sus conclusiones de esta comisión al detectar “indicios de delito” durante el traspaso del concurso del Consorcio extremeño de Ambulancias a la empresa andaluza Ambulancias Tenorio.

José María Saponi, portavoz del PP en esta comisión, también ha apuntado las responsabilidades políticas del gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco; la secretaria general del SES, Concepción Torres; y de la subdirectora general de Atención Primaria, Manuela Rubio.

Saponi ha añadido que la comisión de investigación, además de poner de manifiesto “presuntos delitos” que ahora tendrán que ser esclarecidos por la Fiscalía, ha servido para acreditar la “insuficiencia económica” del contrato del transporte público, que tiene un recorte de tres millones de euros, con respecto al que se firmó hace 10 años, aunque “prometía” más trabajadores y más vehículos.

“Nos querían vender el milagro de la multiplicación de los panes y los peces”, pero “lo que se ha conseguido es la pérdida de la calidad en la prestación del servicio”, porque el criterio que se primó para la adjudicación fue “puramente económico”, ha dicho.

Finalmente, ha valorado el apoyo de Podemos a las conclusiones del GPP en el marco de esta comisión. “Hemos apoyado sus conclusiones y ellos las nuestras porque por encima de la política están las personas” y “el objetivo es defender los intereses generales de los extremeños”.

Este apoyo no ha gustado tanto al PSOE, quien considera que a Podemos “no le importan los trabajadores, ya que se ha plegado a los intereses del PP y de la anterior adjudicataria”. Según Ascensión Godoy, el proceso ha sido  “transparente, legal, con criterios evaluables y objetivos, con un montante total del servicio suficiente y que no pone en riesgo la calidad del servicio”.

Los socialistas también concluyen en su escrito que todo el proceso, desde el anuncio del concurso público, “ha estado plagado de injerencias de la anterior empresa concesionaria con la ayuda del PP; todo esto ha cristalizado en un boicot, perfectamente orquestado, para forzar la resolución del contrato o la renuncia por parte de la empresa actual”.