Preocupación entre los educadores sociales tras el crimen en Badajoz

El Colegio Oficial de Trabajo Social ha mostrado su consternación y preocupación por el presunto asesinato de una educadora en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores.

“Este suceso evidencia, una vez más, las precarias condiciones en las que las y los profesionales de la intervención social desempeñan su labor en los contextos del sistema de protección y de justicia juvenil. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas. Es inaceptable que quienes dedican su vida a la resocialización y protección de menores tengan que hacerlo en un entorno donde su propia integridad física no está garantizada”, han expresado.

Ni siquiera las denuncias previas que había interpuesto fueron suficientes para tomar medidas protectoras, algo que les indigna: “Es importante reivindicar que los diferentes profesionales que trabajan con menores en situación de desprotección necesitan un entorno adecuado y seguro para ejercer su trabajo, los menores con las que trabajamos tienen unas necesidades que precisan de recursos adecuados desde los que atenderles”.

Por ello ven urgente y necesario adoptar medidas concretas que refuercen la seguridad, instando a las Administraciones públicas a valorar la necesidad de una reforma legislativa que establezca garantías específicas para la protección de estas profesionales, reconociendo la complejidad y el riesgo inherente a su labor.

“No podemos permitir que este crimen quede en el olvido ni que se normalicen las condiciones de desprotección en las que trabajan estas profesionales. La seguridad de quienes cuidan y educan ha de ser una prioridad absoluta”, apostillan.