El Gobierno prohíbe sin margen de maniobra una manifestación en la investidura de Sánchez

El pasado sábado 11 de noviembre de 2023, la asociación Junta Democrática de España se concentraba en la plaza de las Cortes de Madrid para realizar una acampada indefinida con el fin de protestar pacíficamente contra la clase política. El desarrollo de la actividad por parte de los asistentes fue ejemplar, en claro contraste con los actos convocados por otras asociaciones frente a las sedes del PSOE. Frente al Congreso no hubo ni un insulto ni ningún tipo de violencia hacia las fuerzas del orden, pero por desgracia sí hubo momentos de tensión y “violencia de parte del Estado” –en palabras de la Junta- en el desalojo de la acampada.

Recientemente la misma asociación anunció nuevas concentraciones frente al congreso para el día 15 de noviembre, pero han tenido que desconvocarlas al ser prohibido su acto por parte de la delegación de Gobierno. Esto no es nuevo, ya que la Junta Democrática ha sufrido ya múltiples prohibiciones para sus actos por parte de distintas administraciones en el pasado.

“La fuerza y la prohibición son las únicas herramientas que le quedan al Estado para protegerse del pueblo cuando éste se organiza de manera pacífica y tiene unas exigencias claras. Sin embargo, nosotros tenemos la legitimidad y nuestras ideas son compartidas cada día por más ciudadanos”, expresan.

Las exigencias que defiende la Junta Democrática en sus actos frente al Congreso pasan por que el Gobierno en funciones desista de presentar cualquier ley de amnistía a políticos encausados “por violación de la legislación y en concreto el Código Penal”, así como la celebración de un referéndum nacional vinculante para todas las fuerzas políticas sobre la modificación del Art. 68.3 de la constitución, con la propuesta de cambiar el sistema electoral proporcional actual a uno mayoritario de elección directa uninominal a doble vuelta del poder legislativo y del ejecutivo. En caso de vencer el “SÍ”, realizar la modificación constitucional y la derogación de la actual ley electoral y formación de una comisión legislativa compuesta por juristas independientes para la redacción de la nueva ley.

También celebrar un referéndum nacional vinculante para todas las fuerzas políticas sobre la modificación del Art. 122 y Art. 159 de la constitución, con la propuesta de cambiar la elección de los integrantes de CGPJ y TC para que dejen de ser nombrados por el poder político y sus miembros sean elegidos exclusivamente por los operadores jurídicos (jueces, magistrados, abogados, procuradores…). En caso de vencer el “SÍ”, realizar la modificación constitucional y la derogación de la actual LO del CGPJ y TC y formación de una comisión legislativa compuesta por juristas independientes para la redacción de la nueva ley.

Además, que los partidos y los sindicatos se financien exclusivamente a través de las cuotas de sus militantes. Prohibiendo la financiación privada a través de corporaciones o entidades financieras y prohibiendo la financiación pública a través de donaciones y subvenciones, devolviéndoles el carácter civil del que hoy carecen.

Tras la prohibición de su acto del día 15, la Junta ha convocado a sus seguidores a una nueva concentración frente al Congreso el jueves 16 de noviembre. En palabras de su presidente el abogado y divulgador Rubén Gisbert: “España se juega mucho en estos momentos y por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que venga a la concentración a exigir sus derechos políticos”.

La Junta ha convocado a sus seguidores el día 16 de noviembre a las 12:00 entre la plaza de Canalejas y el cruce de la calle cedaceros con la plaza de las Cortes.