Se oponen a la financiación de la mina de Cañaveral porque "incumple la legalidad"

La Plataforma No a la Mina de Cañaveral se posiciona en contra de la adjudicación de fondos Next Generation a Lithium Iberia por la mina situada en la provincia cacereña. 

En junio de 2024 había declarado la mina de la Montaña como ‘proyecto de interés autonómico’. Esto supone que tendrá carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica y conllevará la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos previstos en la normativa. 

Desde la plataforma afirman que "La Junta no está siendo transparente, porque permite que Lithium Iberia mantenga el expediente en secreto y ha contestado a la Plataforma que no le puede pasar el expediente porque ‘está inconcluso’". Así, señalan que “cuando tuvo lugar el trámite de información pública, partes muy importantes de los expedientes estaban veladas”.  

Además, señalan que “cuando en octubre de 2023 se anunció provisionalmente la concesión de 13,3 millones de euros a Lithium Iberia, nuestra plataforma registró una reclamación a la Administración del Estado, pues no nos parecía adecuado que sin haberse resuelto los expedientes y habiendo reconocido la empresa que estaba aún contestando la gran cantidad de alegaciones que se habían presentado, se hubiese concedido esa financiación. Aún no nos han contestado”. 

“Tenemos, por tanto, una agilidad de la administración muy clara a favor de la minería, pero completamente irrespetuosa con las leyes de la transparencia y buen gobierno", recriminan. 

El pasado 30 de enero el Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR) ha publicado la resolución provisional de una nueva ayuda al proyecto de Lithium Iberia. La ayuda asciende a 20 Millones y representa el 40% de la ayuda concedida en la convocatoria PERTE VEC III en el marco de los fondos Next Generation PERTE.  

“Esta resolución pone en duda el rigor y la credibilidad para la concesión de esta ayuda y casualmente sucede unos días después de que Infinity Lithium haya rechazado la ayuda que le concedió el mismo ministerio en una convocatoria anterior del PERTE VEC”. De este modo se preguntan “¿cómo se puede transferir dinero público a manos privadas para un proyecto que, a día de hoy, incumple la legalidad?”.   

“Varias son las razones que se expusieron en las alegaciones, pero una de ellas es que, por la Ley de Montes, un monte catalogado de utilidad pública no puede cambiar de uso hasta treinta años después de un incendio y en ese monte ha habido grandes incendios”, exponen desde la plataforma.

Por ello, aseguran que “de momento se ha interpuesto un recurso al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, previo al contencioso por la resolución negativa de acceso al expediente y vamos a poner una nueva queja al Ministerio por la Concesión de esta nueva financiación sin transparencia de un proyecto minero opaco”.