UpE logra que se constituya la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático

Unidas por Extremadura celebra que la Asamblea haya aprobado, a pesar del rechazo de PP y Cs, la creación de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, un espacio contemplado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada hace escasos meses en el Congreso de los Diputados.

La portavoz, Irene de Miguel, ha asegurado durante la defensa de la iniciativa que “la participación ciudadana no es un atrezzo ni un postrero del que se pasa por encima para cubrir el expediente”.

De hecho, ha asegurado que la propia Constitución garantiza el derecho a la participación social, así como que también “nos dice que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Por esos motivos, y porque la lucha contra el cambio climático según la diputada “es un enorme reto social cuyo éxito no será posible sin el compromiso del conjunto de la ciudadanía”, se plantea la creación de esta Asamblea Ciudadana “para que la población tenga la posibilidad de intervenir en el debate sobre cuáles deben ser los caminos a recorrer y las acciones a poner en marcha para frenar el cambio climático”.

De Miguel ha asegurado además que en nuestra región se está favoreciendo la instalación de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas “que se están tramitando sin tener en cuenta a los habitantes de las zonas en las que se colocan, lo que está provocando el aumento de la reacción ciudadana”.

“Nuestras zonas rurales -ha añadido- llevan sufriendo desde hace décadas los impactos de la despoblación, que ahora se incrementarán debido al modelo de transición energética de megaproyectos que no se ajusta a las necesidades de las zonas rurales”.

Es por todo ello por lo que desde Unidas por Extremadura solicitan la creación de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático “para que la implantación, generación y distribución de las energías renovables en nuestra comunidad autónoma sea debatida y consensuada en ese órgano con los entes locales, las organizaciones agroganaderas, el sector empresarial, los movimientos sociales, las asociaciones ecologistas y con cualquier otro sector o colectivo afectado”.