UpE quiere prohibir las puertas giratorias de los políticos en las eléctricas

La coalición Unidas por Extremadura (UpE) ha pedido que la Junta inste al Gobierno de España a aprobar una legislación que prevenga el fenómeno de las puertas giratorias y que endurezca el régimen vigente, tipificando los casos más graves como delito.

La confluencia denuncia que “es notorio que las principales empresas del sector eléctrico cuentan con presencia constante de antiguos altos cargos del Gobierno estatal y autonómico en sus consejos de administración”.

Más concretamente desde Unidas por Extremadura quieren acabar con las puertas giratorias de los políticos extremeños en los consejos de administración de las multinacionales, haciendo especial hincapié en el sector eléctrico.

Para UpE “es este un sector especialmente sensible por su interés público y su naturaleza estratégica, que se caracteriza por la concentración del mercado en pocas entidades”, además de por “un aumento histórico ininterrumpido del precio final de la factura para las personas consumidoras”.

La confluencia destaca también “la concurrencia de antiguos altos cargos, en otros sectores, altamente estratégicos, como la banca, las telecomunicaciones o la energía”.

“En este sentido, las puertas giratorias son corrupción, aunque sea de forma legal e institucionalizada. Es el mecanismo que las grandes empresas utilizan para comprarse el apoyo y someter la voluntad de los partidos que se prestan a ello, con lo que este tipo de prácticas atacan directamente a la calidad de la democracia”, denuncian.

Como ejemplo de esto, la confluencia señala que “haciendo un análisis de los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, tres de cada diez ministros dejaron la política al cesar en sus cargos y se embarcaron en actividades en la empresa privada: del Consejo de Ministros al consejo de administración”.

De esta forma, Unidas por Extremadura denuncia que “el tránsito de altos cargos entre el sector privado y el público supone, de por sí, un riesgo de contaminación de intereses que en último  término puede acabar condicionando las  políticas públicas y estratégicas del país, plegándose a los intereses del sector privado”.

Por ello, afirman que “para poder preservar el interés general y prevenir los efectos  perniciosos de este fenómeno es necesario  articular una regulación eficaz y dotar de recursos y autonomía a la administración pública respecto a sus tres dimensiones; antes del acceso al cargo (nombramiento del alto cargo), durante el ejercicio de su cargo, y una vez producido el cese”.

Para ello han presentado una propuesta de impulso a la Junta con cinco puntos básicos para combatir esta situación, que según denuncian “influye también en la factura de la luz, porque estos políticos legislan a favor de las eléctricas y a cambio, estas les dan un acomodo en sus consejos de administración, cosa que repercute directamente en el bolsillo de la ciudadanía, como ha quedado demostrado con la subida del precio de la luz”.

Por ello, proponen “regular de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, y endurecer las sanciones por su incumplimiento”, ampliando a cinco años el período de incompatibilidad de los cargos, llamado “período de carencia”, además de “aumentar las limitaciones al ejercicio de actividades tras el cese de dichos cargos”.

En este sentido, abogan por que la Junta inste al Gobierno Central “a aprobar una legislación que prevenga el fenómeno de las puertas giratorias y endurezca el régimen vigente, entre ellas la de tipificar dicha práctica en sus casos más graves como delito”.

Para llevar a cabo un mejor control proponen crear una entidad independiente o unidad administrativa específica con exclusiva competencia sobre el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses con capacidad para controlar esta materia y sancionar su incumplimiento, garantizar la transparencia y que tenga capacidades de evaluación y seguimiento de políticas públicas, además de impulsar un código ético “para garantizar la independencia de los cargos públicos de la Junta de Extremadura, así como, el conjunto del sector público autonómico respecto a la esfera privada”, con el objetivo de “impulsar políticas de buen gobierno corporativo en las empresas”.

Por último, la propuesta de impulso habla de “incrementar la transparencia con el fin de conocer quiénes son los altos cargos de la administración autonómica, qué hacen realmente y en qué situación se encuentran”.