USAE: “La consejera pretende tapar su mala gestión generando rechazo contra los empleados públicos”

El pasado viernes 6 de marzo, los sindicatos de empleados públicos SGTEX (Administración General), SAE (Sanidad) y PIDE (Educación), integrantes de la federación USAE, se reunieron en Cáceres para estudiar las acciones a llevar a cabo tras la decisión de la Mesa General del Empleado Público.

Y es que, USAE, no ha podido participar en dicha Mesa en la que se acordó por parte de la Junta hacer frente a la subida del 2% a los empleados públicos de la región. Sin embargo, dicha medida conllevaría ajustes en otros ámbitos, como es la congelación de la carrera profesional para la Administración General y Sanidad y la vuelta a las 19 horas lectivas en Secundaria.

USAE denuncia que, en el caso de las 19 horas lectivas, esto conllevará la no contratación de 250 profesores interinos que fueron contratados para poder llevar a efecto la reducción a las 18 horas lectivas.

La formación sindical además critica que estos recortes “han contado con el resto de sindicatos” presentes en la Mesa, como son UGT, CCOO y CSIF.  Además, consideran que los acuerdos acordados en 2018 son promesas electorales.

“La consejera de Hacienda pretende tapar su ineptitud y su mala gestión generando rechazo contra los empleados públicos extremeños, que somos lo peor pagados de España, y el único esfuerzo que hace es en buscar nuevas formas de recortarnos derechos para poder seguir contratando a dedo en las empresas de la Junta a sus militantes, incrementar el número de asesores innecesarios, subvencionar a los sindicatos amigos”, apuntan.

Así, indican que “basta ya de engañar al empleado público, basta ya de que siempre el funcionario tena que ser el pagano de la irresponsabilidad de administración y sindicatos tradicionales, los mismos que han permitido que en 10 años los funcionarios hayan perdido más del 20% de poder adquisitivo”.

El próximo miércoles 11 de marzo USAE volverá a reunirse para concretar las actuaciones y medidas de presión para “impedir los nuevos recortes” a los funcionarios, laborales y estatutarios de la Junta de Extremadura y mostrar su rechazo a las decisiones colegiadas de la Mesa General.