Ambulancias Tenorio no se presenta a la reunión sobre el impago del SMI de 2019

La Unión Sindical Obrera (USO) citaba este martes, 22 de enero, a Ambulancias Tenorio en la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura por un conflicto colectivo relacionado con el no abono de la empresa del Salario Mínimo a sus trabajadores.

Tenorio no se ha presentado al acto quedando sin efecto la reunión. Así lo declaran a 7Días desde USO. “Nos parece una falta de respeto a los trabajadores afectados por el conflicto, que la empresa no haya aparecido ni si quiera a plantear su postura y defenderla para saber por qué no abona el SMI”.

“Ahora nos queda solo la vía judicial para intentar que se reconozca el derecho a los trabajadores a las diferencias entre lo que la empresa abona y el salario mínimo, que son 900 euros”, declaran a este medio.

EL CONFLICTO

El objeto de dicho acto consistía en que la empresa reconociera que no pagó a sus trabajadores y trabajadoras en prácticas el Salario Mínimo Interprofesional de 2019 fijado en 900 euros.

La pretensión de la USO era hacer valer el argumento del laudo arbitral emitido en el caso del SMI en el sector del campo. Los 900 euros son por la jornada legal de trabajo y “Tenorio impone a su plantilla en prácticas jornadas muy superiores con la intención de que al sumar los complementos por las horas extra se superen los 900 euros y así burlar el incremento para llegar a ese salario mínimo”.

“Defendemos que los 900 euros son por la jornada de 40 horas semanales y que cualquier incremento de jornada debe ser remunerado a parte, esto es algo que responde a la lógica aunque esperamos que la empresa entienda lo contrario”.

Los trabajadores en prácticas de Ambulancias Tenorio cobran durante su primer año un total de 710 euros por una jornada de 40 horas semanales aunque añadiendo los complementos por la jornada extraordinaria se supera dicha cantidad a costa de trabajar, en la mayoría de los casos, más de 60 horas semanales de promedio. Así lo explica USO.

Situación que la Unión Sindical considera un “abuso de interpretación de la empresa que impone estas jornadas de trabajo, que la persona trabajadora asume en primer lugar debido a la precariedad del salario y segundo a riesgo de acabar en la calle si se niega, como ya se ha dado el caso con un trabajador que ha exigió el respeto de sus 40 horas semanales”.