¿Van a retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres?

El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó en diciembre una pregunta referente a la 'Cruz de los Caídos' de la ciudad de Cáceres situada en la Plaza de América, "un símbolo de exaltación de la dictadura genocida de Francisco Franco, y que por lo tanto incumple la ley de memoria histórica".

El senador cuestionaba qué medidas se van a adoptar para pedir a este ayuntamiento cumpla con la legalidad, a lo que el Gobierno respondió: "En relación con la pregunta formulada, cabe señalar que el Gobierno, sobre la existencia en la ciudad de Cáceres de un monumento que se levanta en la vía pública dedicado a la memoria de Francisco Franco -sin que hasta el momento se hayan emprendido acciones para evitar su permanencia, que contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia-, solo puede dirigirse al Ayuntamiento para recordarle el deber de cumplir con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 'Símbolos y monumentos públicos', para que retire el monumento señalado en coherencia con el espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución Española de 1978.

Si el Ayuntamiento de Cáceres no retirase el monumento señalado, el Gobierno requerirá a la Junta de Extremadura para que, en el ejercicio de sus competencias, haga cumplir lo previsto por la Ley y adopte las medidas oportunas que se deriven de la no actuación municipal. En el mismo sentido se actuará con respecto a todos aquellos ayuntamientos que se aparten del cumplimiento de la Ley".

La población de Cáceres está 'dividida' -no literalmente hablando-, pues se debería de retirar "por respeto a las víctimas" pero a la vez es un símbolo de la ciudad. En España apenas quedan cruces que hagan referencia a 'los Caídos', por lo que el alcalde Luís Salaya tiene presente que debe ser retirada y ya respondió en marzo que tenía otras materias en las que invertir el dinero en los tiempos que nos toca vivir.

Aún así, Mulet se pregunta de nuevo qué plazo le va a dar el Gobierno al Ayuntamiento para actuar y en qué fecha piensa requerir al Gobierno autonómico.