Visiones muy dispares provocan el fin de la comisión sobre "enchufismo" en empresas públicas

Ninguna de las conclusiones de los cuatro grupos parlamentarios que conforman la cámara autonómica han salido adelante. La Comisión de Investigación de contratación de personal en las empresas públicas extremeñas encaraba este lunes su recta final.

Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE hacían públicas sus conclusiones para posteriormente debatirlas, pero finalmente ninguna ha contado con los apoyos necesarios para salir adelante, por lo que no ha sido posible elaborar un dictamen y elevarlo al pleno de la cámara tal y como exige el artículo 116.6 del Reglamento de la Asamblea.

CONCLUSIONES DE CIUDADANOS

Ciudadanos considera que el modelo de contratación de personal en las empresas públicas se efectuaba tanto por el PSOE como por el PP durante la legislatura de Monago (2011-2015). “Ningún grupo parlamentario ha ido más allá, sin atreverse a decir lo que había ocurrido de 2011 hasta ahora”.

En forma de recomendación, la parlamentaria de la formación naranja, María Victoria Domínguez, pide que la contratación se haga mediante concursos públicos y transparentes, “no mediante protocolos de actuación” y destaca que se trata de contratar a personas que “van a gestionar cuestiones que afectarán a los extremeños”.

Apela también a que se publiquen en el DOE las convocatorias de contrataciones de trabajadores de las empresas públicas, que se realicen auditorías anuales y que éstas se publiquen además en el Diario Oficial de Extremadura, y que se publiquen en el Portal de Transparencia todas las encomiendas de gestión.

Por último, Domínguez ha asegurado que si su grupo gobierna a partir de mayo la administración autonómica “va a adelgazar”. “Tenemos una administración llena de empresas que no valen para nada”.

CONCLUSIONES DE PODEMOS

La candidata a la Junta de Extremadura por parte de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, anunciaba que su grupo llevaría las conclusiones de esta comisión a Fiscalía y al Defensor del Pueblo por observar “indicios de delito”, el diputado presente en este debate, José Luis Murillo, aseguraba que las comparecencias “han confirmado varias irregularidades”.

Así, indica que en la contratación de personal “no se ha garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad” y denuncia que las listas no se publican por lo que tampoco se cumple el principio de publicidad. Denuncia también que las pruebas teóricas carecían de temario y que tanto la entrevista personal como la prueba psicotécnica carecen de criterios objetivos.

Sobre las encomiendas de gestión, Podemos asegura que la Junta “ha abusado de ellas” y además recuerda que esto ha sido señalado en varias ocasiones por el Tribunal de Cuentas.

Ante estas conclusiones, el PP ha afeado que el diputado de Podemos, Daniel Hierro “tuvo acceso al listado del personal contratado tal y como confirmó Vergeles pero no dijo nada en su día” por lo que le ha preguntado: “¿Por qué no lo denunciaron?”.

CONCLUSIONES DE PP

En la defensa de sus conclusiones, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, denuncia la falta de documentación con la que han trabajado y recuerda que en septiembre de 2018 se tuvieron que suspender todas las comparecencias al carecer de documentos que garantizaran el trabajo de los grupos.

Según ha indicado, durante algunas comparecencias se ha confirmado que “siempre había un familiar de alguien” entre los contratados y que durante la primera legislatura de Vara (2007-2011) “no se cumplían los principios de igualdad, mérito y capacidad”.   

Recuerda Juliá que en 2014 el Gobierno de José Antonio Monago elaboró una ley de regulación del estatuto de cargos públicos que “debía haberse puesto en marcha ya en esta legislatura”. Para el PP se ha demostrado con esta comisión que había una “agencia de colocación” y que “más del 70% de las contrataciones eran personas afines al Partido Socialista o con carnet del partido”. Por tanto, dice, “no se trata de casualidades”.

Por último, mantiene que tanto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, “eran conocedores de estas contrataciones”.

CONCLUSIONES DEL PSOE

-En el turno del Partido Socialista, Carlos Labrador ha asegurado que durante esta legislatura se ha procedido a hacer un “mayor ejercicio de transparencia” y asegura que 4 de cada 6 empresas contaban con un manual de contratación, mientras que las dos restantes “ya realizaban contrataciones transparentes”.

Igualmente, afirma que el PP contrató personal de manera que vulneraba la normativa vigente y ahora la Junta “gestiona las contrataciones con responsabilidad” y defiende que “no todos los gobiernos son iguales”, y “así lo asegura también el Tribunal de Cuentas”. Por último, Labrador acusa a Monago de manipular las cuentas de empresas públicas.