VOX pregunta al Gobierno por el estado de los vehículos de los agentes en Badajoz
26 de Octubre de 2020
Víctor Sánchez del Real, diputado nacional de VOX por la Provincia de Badajoz ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en relación con el estado de los vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Badajoz.
Solicitan conocer las estadísticas y estudios derivados del resultado de las inspecciones técnicas y las deficiencias detectadas en los vehículos.
El diputado también pregunta al Ejecutivo por el número de vehículos de más de 15 años de antigüedad o 300.000 kilómetros, y cuántos han recibido informe desfavorable en las inspecciones técnicas.
Por último, Sánchez quiere conocer qué medidas va a adoptar el Gobierno para mejorar y sustituir los vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Badajoz.
En concreto los diputados han realizado las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos vehículos de la Guardia Civil de la provincia de Badajoz han recibido un informe desfavorable después de su inspección técnica en el último año?
2. ¿Cuáles son las estadísticas y estudios derivados del resultado de las inspecciones y deficiencias detectadas en los vehículos de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz?
3. ¿Con cuántos vehículos de más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros cuenta la Guardia Civil en la provincia de Badajoz?
4. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la sustitución y mejoras de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia de Badajoz?
5. ¿Cuántos vehículos de la Policía Nacional de la provincia de Badajoz han recibido un informe desfavorable después de su inspección técnica en el último año?
6. ¿ Con cuántos vehículos de más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros cuenta la Policía Nacional en la provincia de Badajoz?
7. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la sustitución y mejoras de los vehículos de la Policía Nacional en la provincia de Badajoz?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.
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