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Región

30 detenidos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social

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1 de Abril de 2017

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Han sido investigadas 39 empresas por defraudar 10.597.837 euros al erario público mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones. Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la materialización de los delitos.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.

En total fueron investigadas 39 mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa, constatando al mismo tiempo la “nula voluntad” de los empresarios en negociar con la TGSS el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias “sistemáticas” de los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Las diversas modalidades de supuestos defraudatorios utilizados por los responsables de las empresas investigadas en las provincias citadas, “y que suelen llevar a cabo con la finalidad de producir la situación de insolvencia” son principalmente el impago sistemático de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos seguros han sido previamente descontados a sus trabajadores y no son ingresados, sin que por parte de estos empresarios haya una firme voluntad de negociar el pago de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.

DETENCIONES

Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades procedieron a la detención de 30 personas e investigación de otras 27 por diferentes tipologías delictivas. Entre éstas destacan  delitos contra la seguridad social, alzamiento de bienes y cobro indebido de prestaciones por desempleo.

En alguna de estas empresas detectaron cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente hubiese habido una relación real y efectiva con las empresas, y que dichas altas “ficticias” se llevaron a cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo sin que tuviesen derecho a ella.

Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 10 delitos contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones; 4 delitos de frustración en la ejecución; 26 delitos de falsedades documentales; 4 delitos contra los derechos de los trabajadores; 1 delito de malversación de caudales públicos y 1 delito de pertenencia a organización criminal; habiendo destapado además un fraude de 10.597.837 de euros al erario público.

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