Denuncian la alta mortalidad de aves por electrocución en Extremadura

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha calculado el número de muertes en nuestro país producidas por electrocución en tendidos eléctricos en más de 33.000 rapaces al año, fenómeno que quizás pasa desapercibido por suceder mayoritariamente en el medio natural.

En el caso de Extremadura, alrededor de 400 aves protegidas, principalmente cigüeñas blancas, buitres y águilas, fallecieron electrocutadas entre 2012-2016, según un informe de la Dirección General de Medio Ambiente. En la relación de especies afectadas figuran: 50 cigüeñas blancas, casi medio centenar de búhos, cerca de 80 buitres -leonados y negros- y 56 águilas (entre estás ultimas aparecen 15 águilas reales, 12 imperiales, 13 culebreras y 10 calzadas).

No obstante, los datos publicados en dicho informe, según indica Ecologistas en Acción, "son claramente inferiores a la realidad y en la relación no se contabilizan especies como las grullas y avutardas, muy afectadas también por los tendidos eléctricos". Como ejemplo de ello, "puede tomarse el estudio de 2010 que la Asociación ANSER realizó en la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas sobre 86 kms. lineales de tendido eléctrico, en el que hallaron 40 aves electrocutadas, 9 de ellas avutardas".

Hay que destacar que son prácticamente inexistentes las sanciones penales o administrativas impuestas ante este hecho, expresan, "que constituye una verdadera catástrofe para la biodiversidad y se produce, en la mayoría de los casos, por deficiencias en las instalaciones o negligencias en su mantenimiento". Esto ha sido criticado por la Unidad Especializada de la Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo, de la Fiscalía General del Estado que, en varios escritos, advierte además sobre las innumerables deficiencias de actuaciones y los equivocados alegatos jurídicos formulados por la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas "para intentar justificar el que no se aplique la legislación ambiental y la ausencia de sanciones. Pero la base de estas justificaciones podrían ser determinados acuerdos adoptados que serían ilegales al resultar contrarios a la Ley de Responsabilidad Medioambiental".

Por otro lado, no existe actualmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura ninguna unidad o patrulla específica de Agentes del Medio Natural que se encarguen de revisar intensivamente los tendidos eléctricos, a pesar de existir la normativa que permitiría su creación. Para Ecologistas en Acción de Extremadura, la existencia de este tipo de equipos es sumamente importante dada la magnitud del problema, que afecta a una población de aves rapaces que se encuentran, todas ellas, incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas y varias especies en peligro de extinción. Con ellos, aseguran que se podría detectar y evaluar la mortandad real de aves que se produce cada año en estas instalaciones y se tendría una constancia fehaciente de las grandes áreas que, actualmente, constituyen auténticos sumideros ocultos de aves rapaces en la geografía extremeña y que pueden llevar al traste los planes de recuperación de especies amenazadas.

Hasta la fecha, no se están realizando búsquedas sistemáticas de los cadáveres de aves electrocutadas, por lo que se calcula que la Administración encuentra y registra apenas un 15 % de las muertes producidas. Esta ausencia de equipos especializados impide la realización de un registro exhaustivo tanto de la cifra de muertes por electrocución como de la localización de los tendidos en los que estas se producen o detectar posibles deficiencias que supongan un peligro para la avifauna, de modo que se pueda exigir su inmediata corrección. 

Indirectamente, esto se traduce en que "se estén aplicando de forma fraudulenta los convenios existentes con las compañías de distribución eléctrica, ya que están siendo perceptoras de determinadas ayudas y subvenciones que están condicionadas a que se cumpla la obligación de adoptar medidas para evitar este tipo de accidentes".

"Es inadmisible que la Administración regional, con interpretaciones sesgadas de la legislación, normativa reglamentaria insuficiente y vulneradora de la jerarquía normativa, continúe permitiendo la impunidad con que las compañías de distribución eléctrica aplican una política de ahorro de costes que se traduce en un inmenso atentado al Medio Ambiente y a la vida de los animales, especialmente de fauna protegida, en beneficio únicamente de los intereses económicos de grandes empresas y sus consejos de administración (como ha venido recogiendo D. Jorge Moradell Ávila, Fiscal Provincial de Teruel, en diversos artículos publicados recientemente)".

Ante esta situación, Ecologistas en Acción de Extremadura ha exigido en su escrito actuaciones firmes por parte de la Administración "para poner fin a esta lacra que no está beneficiando a nadie y que está impidiendo una verdadera recuperación en la región de especies como el Águila imperial ibérica, el Águila-azor perdicera, el Buitre negro y el regreso, con todas las garantías, del Águila pescadora, que ha iniciado intentos reproducción en el embalse de Alqueva".