Denuncian a la fiscalía de medioambiente por quemas ilegales en Vegas Altas y Bajas del Guadiana

La asociación ecologista tras la aparente inacción de las consejerías de la Junta de Extremadura con responsabilidad en la actuación ante este grave problema medioambiental ha decidido presentar denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente ya que considera podría haber infracciones penales en materia medioambiental, administrativa y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por estos graves episodios de contaminación.

Tras la presentación el pasado 14 de octubre de tres escritos dirigidos a los consejeros y consejeras de Sanidad, de Transición Ecológica y de Agricultura por la contaminación atmosférica procedente de quemas sobre todo con los excedentes de la cosecha de arroz en los regadíos de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana y no haber recibido contestación por parte de estas entidades administrativas, y ante la urgencia por detener estos extensos incidentes de contaminación atmosférica, esta oenegé ambiental extremeña ha decidido ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Medio ambiente para que actúe de oficio ante lo que se considera una infracción por dejación de funciones de estos responsables públicos.

Se trata de una gran cantidad de contaminación atmosférica que ninguna administración se ha preocupado de parar (la Junta de Extremadura, se entiende que debería ser). Además del daño ambiental por el cambio climático y el efecto invernadero, es también una afección importante para los pulmones de los habitantes de estos pueblos, e incluso para la seguridad en las carreteras próximas.

Las quemas en los últimos días se han acrecentado, como se puede apreciar en distintos vídeos colgados en el canal de YouTube de la asociación.

La Unión Europea en la Política Agraria Comunitaria (PAC), concretamente en la condicionalidad de tal normativa, prohíbe las quemas si no es por razones de plagas o similares, lo cual no parece ser el caso.

Podrían ser por tanto en opinión de Ecologistas Extremadura quemas ilegales. En este sentido esta asociación cree que los responsables de la Junta de Extremadura pueden estar cometiendo un presunto delito de prevaricación por no detener estas ilegalidades a sabiendas de que lo son y no impedir a los agricultores implicados la recepción de las ayudas de la UE cuya regulación es contraria a las quemas de los sobrantes de la agricultura.

Con respecto a la afección a la salud de los habitantes de estos pueblos, han señalado que se pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los habitantes de las localidades próximas (todas las que se sitúan en la franja de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana).

Al respecto existe jurisprudencia que considera que los olores producidos por actuaciones provocadas por particulares y no impedidas por un ayuntamiento concreto fue considerada como una intromisión en la inviolabilidad del domicilio por el Tribunal Supremo. Hemos de señalar que esta situación lleva denunciándose durante años por diferentes asociaciones medioambientales (desde 2011).

Además, Ecologistas Extremadura considera que los agricultores y propietarios que queman los excedentes de la cosecha del arroz y que generan tanta cantidad de humo a la atmósfera podrían estar cometiendo delitos contra la seguridad del tráfico en las carreteras cercanas. Así sucedió en octubre en una carretera entre Vegas Altas y Madrigalejo donde hubo un accidente

presuntamente causado por un incendio cercano que hacía que la visibilidad fuera muy reducida.

SOLICITUD A LA FISCALÍA DE MEDIOAMBIENTE:

• Que actúe porque estos graves episodios de contaminación se detengan, de dar las órdenes y hacer las gestiones oportunas para que esto no continúe y se pongan medidas para que no suceda durante otras fechas futuras.

• Que se compruebe si las actuaciones que se han llevado a cabo cuentan con autorización, y en tal caso se verifique por los Agentes de la Autoridad y técnicos si se han cumplido las normativas ambientales-.

• Que se proceda a comprobar y documentar la posible existencia de las infracciones penales ambientales y administrativas, se proceda a tomar las medidas que permitan la suspensión inmediata de las actividades en caso de ser ilegales y se tramite denuncia ante las autoridades competentes para investigar los hechos e instruir expedientes sancionadores y/o causa judicial en caso de ser oportuno.