¿Hay fraude en el campo extremeño? Estudian llevarlo a la Fiscalía

Desde el inicio de la recolección de la fruta a primeros de junio, el sector viene denunciando la escasez de mano de obra para las recolecciones, tanto de mano de obra nacional como extranjera.

Mientras el sector agrario se está viendo obligado a mecanizarse por la escasez de esta mano de obra, con inversiones millonarias en recolecciones mecánicas y automatización de los procesos de producción, sorprenden las cifras de paro registrado durante los meses que coinciden con esta mayor demanda de mano de obra en el sector agrario.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo en el mes de julio el paro en el sector agrario ha aumentado en 973 personas, alcanzando una cifra de 9.201 parados de los 91.959 parados totales en Extremadura. El paro en este sector solo ha bajado en 114 personas en el sector de extranjeros, según indica La Unión de Extremadura.

Así, esta organización agraria se pregunta “cómo le vamos a explicar a la sociedad extremeña que nos estamos gastando millones de euros anuales para mecanizar el campo por falta de mano de obra y al mismo tiempo otra parte importante de sus impuestos van a pagar a parados que en una parte importante de los casos no quieren trabajar”.

Además, asegura que los empresarios agrarios “están sufriendo verdaderas redadas de los Inspectores de Trabajo buscando el fraude laboral en nuestras explotaciones” y se preguntan: “¿por qué no buscan este fraude laboral en los que cobran el paro cuando no hay mano de obra suficiente para las labores en el campo?”.

La Unión Extremadura presentó una queja el año pasado ante la Consejería de Trabajo por la disparidad entre las demandas de empleo y de paro registrado. Ante esta queja indican que obtuvieron la callada por respuesta. “Ahora vamos a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que solo puedan acceder al paro los trabajadores que efectivamente no encuentren trabajo y no todos aquellos que reunidas las 30 jornadas tienen el paro asegurado durante varios meses o incluso un año, dependiendo de la edad del trabajador”, señalan.

“Si la respuesta de la Inspección de Trabajo va en el mismo sentido que la respuesta dada por la consejera, nos veríamos obligados a presentar una denuncia en ante la Fiscalía por presunto delito de fraude en la percepción de ayudas”, advierten.