Indignación entre los Ecologistas por el auto sobre Marina Isla de Valdecañas

Ecologistas en Acción y Adenex han expresado este miércoles conjuntamente su indignación por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que decide mantener todos los edificios terminados de la “urbanización ilegal” Marina de Valdecañas.

Recuerdan que se trata “de un caso palmario de incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración local y extremeña”.

Por tanto, esta sentencia, que será recurrida por los grupos ecologistas, “supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados”.

Hace ya más de 12 años que dos organizaciones ecologistas: Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura, iniciaron un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, en plena zona Red Natura 2000, un espacio (teóricamente) protegido y no urbanizable.

A ambas les resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística. Por ello, consideran indignante e incomprensible en un verdadero Estado de Derecho la sentencia que se acaba de hacer pública. “Así, el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición. Tampoco, como se afirma, existe imposibilidad material de ejecutar la sentencia. Puede ser difícil o costoso, pero desde luego no resulta imposible”.

Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura “viene a asumir que la política de hechos consumados funciona en España”. Igual que a este Tribunal “le faltó valor” para ejecutar unas medidas cautelares que paralizaran la obra en sus principios, “ahora le ha faltado ese mismo coraje” jurídico para sentenciar la única solución válida en derecho, y ha acordado “lo que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de esta urbanización ilegal”.

Por todos estos motivos, las organizaciones ecologistas, que en ningún caso pidieron una indemnización económica sino la restauración de la legalidad, recurrirán esta sentencia.

Desde las organizaciones demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura) aseguran que se han visto sometidas a una tremenda presión mediática y política cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente extremeño, añadiendo que “si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones ambientales desde el primer momento, nos habríamos ahorrado una gran cantidad de problemas y fondos públicos”.

Y, del otro lado, “estaba la vergonzosa acción de los diferentes administradores y responsables políticos, verdaderos responsables de este fiasco en connivencia con los promotores urbanísticos. Un caso como el de Marina Isla de Valdecañas en cualquier lugar democrático habría provocado dimisiones y la petición de disculpas de los responsables políticos a toda la sociedad extremeña”.

Además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños ha sido “absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo sólo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso”, concluyen.