Integrantes de un grupo extremeño se culpan por cometer los mismos delitos que activistas catalanes

Un grupo de personas, integrantes del Grupo Extremeño en Defensa de los Derechos Cívicos, se autoinculpa por los mismos delitos que han llevado a la cárcel a varios activistas catalanes en un acto de desobediencia no violenta frente a la represión del estado y en protesta contra una sentencia que consideran que vulnera los derechos civiles básicos de toda la ciudadanía española.

Este grupo, integrado por conocidas activistas de diferentes movimientos sociales y culturales de Extremadura, han presentado en los juzgados de Jarandilla de la Vera, Badajoz y Mérida, una denuncia por sedición contra sí mismas declarándose culpables de haber cometido los mismos hechos que han motivado la condena a penas de nueve años de cárcel a los conocidos activistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

En el texto, los y las denunciantes se acusan a sí mismas al considerar que han cometido en numerosas ocasiones los hechos que han sido considerados como delito de sedición por parte del Tribunal Supremo en la sentencia contra el Procés que consisten básicamente en “hacer llamamientos a la interposición no violenta como forma de resistencia contra cargas policiales u órdenes judiciales que se consideren injustas”.

Estas personas han declarado también que “la libertad de expresión y la desobediencia civil son derechos cívicos básicos y que están siendo perseguidas y criminalizadas, mientras que la justicia se convierte cada vez más en un poder menos independiente, que lleva a que causas por corrupción o por delitos de guante blanco sigan tratándose muchas veces con manifiesta impunidad”.

Este grupo de activistas, como parte de la sociedad civil extremeña, aclaran que este acto de desobediencia no ha de entenderse necesariamente ligado a la cuestión territorial sino que es un acto de defensa a los derechos civiles básicos del conjunto de la ciudadanía española. Por esta razón, añaden que “volverán a autoinculparse nuevamente cuando sea necesario solidarizarse con nuevas víctimas de la represión que pueda generar las tendencias punitivistas de un Estado cada vez más autoritario”.

La autoinculpación es una acción no violenta que se basa en un principio de desobediencia civil expresado por Henry David Thoreau que dice que si un gobierno encarcela a personas justas, el lugar de toda persona justa es la cárcel.

Esta acción se enmarca en la campaña estatal en repulsa de la sentencia de los juicios del 1-O que ha llevado ya a la autoinculpación de más de 10.000 personas en todo el Estado.