La LEGIO podría salir adelante si el PP cumple su abstención

La Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) prevé su aprobación en el próximo pleno del 26 de julio tras conocerse el anuncio del PP de abstenerse.

Además, el PP ha renunciado a presentar enmiendas parciales a esta ley porque, dicen, “no queremos participar en ningún engaño colectivo”. Por el contrario, Podemos presentaba un total de 50 enmiendas porque “es necesario que las inversiones lleguen a Extremadura”.

El secretario general de la formación morada, Álvaro Jaén, indicaba que para ello, “tenemos que sacar todo lo que nos parece disparatado, al igual que al Consejo de Estado”.

Las enmiendas de Podemos incluyen que se eliminen las cuestiones relativas a las expropiaciones forzosas en viviendas habituales a cargo de la empresa, también que se supriman las bonificaciones fiscales, “que llegan hasta el 80 por ciento”, porque “si vienen inversiones millonarias, lo lógico es que paguen como pagan nuestras pequeñas y medianas empresas”.

Que los proyectos que se acojan a esta normativa, si se van antes del tiempo estipulado, devuelvan el dinero público “porque no queremos más trampas”. “No puede ser que vengan, se implanten con bonificaciones fiscales y aprovechándose de los bajos salarios de los extremeños, y que encima se vayan antes de tiempo”.

El secretario general ha añadido que desde Podemos "apostamos por garantizar los derechos laborales de los trabajadores", por ello, en las enmiendas incluyen que una de las exigencias para esos grandes proyectos es que computen los puestos de trabajo como unidades de trabajo, “porque de esta forma se acaba con la mano de obra barata, temporal y se apuesta por empleos estables”.

También piden que se acabe con todas las referencias a los casinos en el texto de la ley “porque se repiten constantemente” y, tal y como está, ha dicho Jaén, “esto no es una ley de ocio sino una ley de casinos”... “Inversiones sí, pero sin trampas, sin bonificaciones fiscales y sin mano de obra barata”, ha sentenciado.

Por parte del PSOE han presentado una enmienda para adaptar el texto al dictamen del Consejo de Estado, así como las aportaciones de los comparecientes en la comisión parlamentaria durante la tramitación de esta ley.

Valentín García ha informado que se mantendrán los criterios para los proyectos que quieran acogerse a los “beneficios” de esta ley, a excepción de la extensión mínima sin ocupar, que ahora pasa de las 1.000 hectáreas a 300.

Los requisitos que se mantienen es una inversión de 1.000 millones de euros, la creación de 2.000 puestos de trabajo y 3.000 plazas de alojamiento.