Osuna saca adelante sus presupuestos gracias a los acuerdos con IU y Podemos

El Gobierno de Osuna conseguía sacar ayer sus presupuestos adelante. Lo hacía gracias a los acuerdos firmados con IU y Podemos el pasado mes de abril.

El Ayuntamiento de Mérida tiene por lo tanto para 2018 un presupuesto de 47.772.800 euros. Podemos, IU y el concejal no adscrito Juan Luis Lara, se abstuvieron en la votación, mientras que PP y la edil no adscrita María Antonia San Martín, votaban en contra.

Desde el consistorio informan que el presupuesto de ingreso cuenta con 30.000 euros más, pero por prudencia financiera se ha dejado al margen. Esos 30.000 euros serían un déficit positivo o superávit.

En el presupuesto no está recogido el superávit, que es igual al remanente de Tesorería positivo (2,4 millones), hasta que lo autorice el Ministerio de Hacienda. Si el Ministerio lo aprueba el Ayuntamiento tendría 2,4 millones de euros más de gasto. El Consistorio, por tanto, cumple todas las magnitudes para que el presupuesto se aprueba: pago a proveedores,  remanente de tesorería, regla de gasto positivo y estabilidad presupuestaria positiva.

ACUERDO CON IU

El acuerdo entre IU y Osuna se ha traducido en la incorporación de 15 medidas. La negociación ha supuesto la inclusión en el presupuesto de varias partidas. Entre ellas la municipalización del servicio de limpieza de centros públicos, tras la finalización del contrato con Grupo Abeto, algo que ya se ha llevado a cabo; la aprobación de una partida de gasto destinada a la recuperación de instalaciones deportivas municipales, con un importe de 200.000 euros.

También la aprobación de un fondo de garantía social destinado a garantizar el disfrute de suministros básicos (luz, agua, gas, electrodomésticos de primera necesidad...) con la finalidad de complementar las ayudas contempladas en el decreto de mínimos vitales y facilitar el acceso a las prestaciones sociales públicas, por un importe de 136.000 euros. Un Plan de Fomento del alquiler social, con una partida de 40.000 euros. Ayudas al alquiler, destinado a familias en riesgo de exclusión social por un importe de 30.000 euros.

ÍU también exigió en este acuerdo la aprobación de un Plan Director de Cultura, destinado a promover las actividades culturales organizadas por el ayuntamiento, con una consignación de 65.000 euros; y fomentar la capacidad de producción del Centro Especial de Empleo “La Encina”, para diversificar su actividad, con especial atención a acciones de repoblación y sustitución de arbolado, con una partida de 40.000 euros.

Para la abstención de este presupuesto también se puso como condición la incorporación de ayudas al deporte base y desplazamientos: 50.000 euros; y la realización de un estudio de necesidades sociales, para la elaboración de un diagnóstico de la planificación de los servicios sociales municipales, de acuerdo con la realidad socio-económica de la ciudad, por un total de 10.000 euros.

También la creación un Sistema de Información Geográfico municipal, con 15.000 euros; la creación de un Premio a la Calidad y la Innovación Educativa, destinado a promover y financiar programas educativos en estos ámbitos entre los colegios de la ciudad, con un importe de 3.000 euros.

Asimismo, la abstención de nuestro grupo municipal estará sujeta al cumplimiento de los siguientes acuerdos, que no disponen de contenido económico:

Convocatoria de un concurso que afecte a todos los puestos de trabajo vacantes, para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos en promoción de interna que afectan a los empleados municipales; aprobación de una instrucción por la que se regula la incorporación a los procesos de licitación de cláusulas sociales, laborales, protección medioambiental y de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad; presentar ante la Junta de Extremadura una propuesta para la modificación de las áreas de escolarización, aumentando su número y realizando divisiones con una extensión homogénea.

Finalmente, el acuerdo se completó con la incorporación de los importes correspondientes al superávit del ejercicio 2017, y que se cifra aproximadamente en unos 2 millones de euros que se destinará principalmente a inversiones a realizar en virtud de la legislación que apruebe el gobierno de la Nación.

ACUERDO CON PODEMOS

Entre las condiciones impuestas por el grupo municipal de Podemos para abstenerse en este presupuesto están: la evaluación y el diseño participado de toda la Red de autobuses urbanos de la ciudad, con el objetivo de incrementar su uso y que responda de manera más adecuada a las necesidades de la ciudadanía y de los barrios.

También apostaron por la puesta en marcha de unos presupuestos participativos siguiendo los modelos de otras ciudades. La metodología será acordado por las partes y por la sociedad civil y se llevará a cabo en un porcentaje significativo a acordar por las partes de las inversiones sociales que se ejecutarán procedentes del superávit de la liquidación, en caso de que lo hubiera.

Vinculado a lo anterior, en los procesos de reformas de viales y espacios públicos en las barriadas, también se llevarán a cabo procesos participativos con las asociaciones vecinales para priorizar las actuaciones.

En materia de políticas sociales, Podemos Mérida exigió que se establecieran criterios objetivos a los que acogerse en Servicios Sociales, así como la puesta en marcha de un programa de alquiler transitorio que cuente con una partida concreta con posibilidad de crédito ampliable.

Una contratación pública “más responsable” es otro de los objetivos que perseguía la formación. Para ello aconsejaron incorporar a este acuerdo una hoja de ruta para la puesta en marcha de otros criterios de contratación en la ciudad: incremento de las cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, y mejorar las cláusulas sociales para incorporar medidas que favorezcan el acceso a las pymes de Mérida a la contratación pública.

En el mismo sentido, querían que el empleo municipal dejase de ser un empleo “asistencial” y por ello propusieron la participación en la elaboración de las bases de empleo social con las partes firmantes del acuerdo.

Por último, un plan para la dinamización cultural de las barriadas, donde participen las asociaciones vecinales y que contenga medidas como la creación de un bono cultural y la apertura de espacios municipales en fin de semana.