Polémica tras la adquisición de nuevos drones para los Bomberos del CPEI

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz adquirió varios drones para su utilización en las diferentes emergencias en 2023, nuevas tecnologías que necesitan formación específica para su uso. En esta última semana, se ha planteado por este Consorcio, con su responsable el Gerente del CPEI de Badajoz, José Antonio Palanco, impartir formación a los trabajadores que deban utilizarlo, llegando a la conclusión de que a dicha formación solo tendrán acceso los funcionarios de carrera. Por tanto, desde el sindicato USO asegura que vetan al resto del personal funcionario interino.

El gerente del CPEI, José Antonio Palanco, ha explicado a 7Días que los drones aún no los han recibido. Es una licitación que se hizo y ahora la empresa debe realizar 15 formaciones.

Desde la Diputación de Badajoz han elegido a ciertas personas para que aprendan a manejar los aparatos, pero Palanco asegura que “no es algo que vaya a tener el servicio con carácter general para todos los bomberos”.

Aun así, la Unión Sindical Obrera sostiene que hay que tener en cuenta que todos los puestos de trabajo tienen la misma denominación y las mismas funciones, no afectando a ellas el tipo de relación laboral de la persona que los ocupa, “por lo que vemos claramente que se trata de un criterio discriminatorio”. Tampoco se ha llevado este tema al Comité de Seguridad y Salud para su debate y así poder establecer unos criterios objetivos para la selección del personal que reciba la formación.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Además, los delegados de Prevención del Consorcio de bomberos, han denunciado ante la Inspección de Trabajo la vulneración de sus derechos como representantes de los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva, en cuanto a lo que se refiere a la consulta y participación, a la hora de establecer criterios sobre la impartición de la formación de los equipos de trabajo, puestos a disposición de los trabajadores para la utilización de los mismos.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los trabajadores y trabajadoras, con la debida antelación, la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. Esta consulta, denuncian los delegados de la USO, “no se ha producido en ningún caso”.