Protestas por la mina de uranio: "La Extremadura vacía no se llena desenterrando nuestra tierra"

El pueblo salía a las calles el martes a protestar nuevamente ante algo que consideran injusto, "el proyecto de mina de uranio en la comarca Sierra Suroeste", y ante lo indefensos que se sienten ante la justicia, tras quedar las protestas paralizadas por la pandemia. 

La Plataforma Dehesa Sin Uranio critica que la justicia conceda permiso a una empresa para hacer catas buscando uranio en 8.000 hectáreas de los pueblos de la comarca: "El máximo órgano del Poder Judicial en Extremadura (TSJEx), resuelve un asunto capital para nuestros pueblos y que afecta a nuestras vidas sin tan siquiera esperar a respuestas y alegaciones de todos los interesados (los pueblos y sus organizaciones). Provocando una INDEFENSIÓN e INJUSTICIA, como ciudadanos se están vulnerando los más elementales Derechos fundamentales".

A pesar de que Delegación había prohibido dicha concentración por el avance del virus, los tambores, cacerolas, palos y otros instrumentos resonaron la pasada jornada en localidades como Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey o Zahínos. "La indefensión ahora va más allá y se vuelve indignante pues les quieren abrir una mina de Uranio en sus propias casas y no solo no pueden defenderse, sino que además no pueden protestar".

"No nos van a parar nunca, y le decimos a la Administración que la Extremadura vacía no se llena desenterrando nuestra tierra", expresan a la par que aseguran que "la comarca Sierra Suroeste no quiere el proyecto de mina de uranio".

"La dehesa quedaría destrozada y roto su equilibrio conservado por cientos de años"

Los afectados se apoyan además en el "sin sentido" de la decisión de Delegación, que "no les dejen protestar por razones de seguridad sanitaria cuando no les defienden de la inseguridad sanitaria que supone permitir en la puerta de sus propias casas la investigación y posterior explotación de una mina de Uranio".

A juicio de la Plataforma, este proyecto entrañaría problemas de sanidad para la población y el medioambiente por "la radiactividad que se desprende, la contaminación de acuíferos y por violar la Red Natura 2000, la zona Zepa y Lic.", entre otras consecuencias. "La dehesa quedaría destrozada y roto su equilibrio conservado por cientos de años".

La solución, indican, sería que la Junta de Extremadura recurra al Tribunal Supremo y que "los jueces sepan que deciden no ya sobre un territorio sino sobre la vida de 22.000 personas que vivimos en la comarca".

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