Ambuvital denuncia a USO y estos responden: "En los juzgados nos veremos"

Desde Ambuvital, empresa encargada del transporte sanitario en Extremadura, informan que en las próximas fechas van a emprender acciones penales tanto contra Víctor Arnelas, representante de la Unión Sindical Obrera (USO), como contra el propio sindicato por supuestamente “venir injuriando y calumniando a esta empresa sin fundamento alguno”, y poner en riesgo este servicio público con sus “temerarias actuaciones”.

La empresa explica que el pasado 7 de septiembre de 2022 se desestimó por parte de la Comisión Jurídica de Extremadura el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Arnelas contra la Resolución por la que se adjudicaba de forma definitiva el Lote núm. 02 relativo al transporte sanitario terrestre en el ámbito del SES en la provincia de Cáceres: “Esto ha supuesto un retraso en la firma del contrato administrativo de más de dos meses, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva para todos los usuarios -los ciudadanos-, los trabajadores, la empresa y la propia Administración autonómica”.

En esa misma fecha, se publicó la Resolución de adjudicación definitiva del Lote núm. 01 correspondiente a la provincia de Badajoz, también a Ambuvital, pero de manera inmediata salió información en prensa por parte de Arnelas manifestando que también iban a recurrir esta adjudicación. Según manifiesta Ambuvital, lo ha llevado a efecto el día 24 de septiembre de 2022, “lo que supondrá retrasar aún más la puesta en marcha del nuevo servicio”.

“Con todos estos actos llevados a cabo por el Sr. Arnelas lo único que se está consiguiendo es generar un grave daño al sector del transporte sanitario terrestre en Extremadura, a los trabajadores de Ambuvital, y a la salud pública extremeña”, expresan.

En este sentido recuerdan que Arnelas fue relegado de sus funciones por “despido disciplinario” el 2 de enero de 2019 por “faltas muy graves”, tales como haber realizado grabaciones en vídeo dentro de las instalaciones del centro de salud de Valencia de Alcántara (Cáceres), “lanzando amenazas contra su empresa y la Junta de Extremadura, así como dudando de la calidad de los suministros de las ambulancias para los pacientes, distribuyendo estos vídeos a través de redes sociales”.

“Tras este despido, el trabajador demandó a la empresa, perdiendo el juicio en primera instancia tras su resolución. El 7 de septiembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó el recurso y confirmó su despido como disciplinario y procedente”, sostiene Ambuvital.

Por tanto, Arnelas está fuera del sector de las ambulancias y para ellos no tiene legitimidad moral para representar a ningún colectivo de trabajadores, “más si cabe cuando todas sus actuaciones van dirigidas presuntamente a aprovechar el carácter mediático del sector en su propio beneficio, sembrando y abonando su futura carrera política, habiéndose ya presentado en alguna candidatura”.

7Días ha hablado con el acusado, quien ha dejado claro que ahora es un trabajador asalariado del sindicato USO y que está dado de alta en el mismo, por lo que “tendré que ejercer las funciones que yo estime conveniente”.

Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre de 2022, el ex trabajador del sector anunciaba que daría parte a la Fiscalía para que investigue si ha habido prevaricación en las recientes adjudicaciones a Ambuvital. Igualmente, para la empresa, durante todo este tiempo “ha venido realizando afirmaciones públicas faltando a la verdad, e imputando a la misma una serie de acciones, presuntamente delictivas, sin base ni fundamento alguno”.

Según ha declarado a este medio, “en enero de 2022 Ambuvital firmó un contrato de emergencia con validez hasta enero de 2023, y si tienen palabra lo que deben hacer es cumplirlo. Nadie les obligó, si ellos lo hicieron con la pretensión de llevarse el concurso después (que es lo que ha ocurrido), entonces podríamos estar hablando de prevaricación por parte de la Junta de Extremadura”.

Así, Arnelas anima a Ambuvital a que emprenda las acciones penales, pues están en su derecho: “En los juzgados nos veremos. A ver quién se querella contra quién al final”.