"El Ingreso Mínimo Vital es un fracaso total se mire de donde se mire"

Desde Campamento Dignidad afirman que "el Ingreso Mínimo Vital es un fracaso total se mire de donde se mire". Para ellos la normativa de la que se deriva es una "absurda" burocracia preparada conscientemente para la lentitud en la tramitación y la concesión, y "adornada con cantidades muy insuficientes para una vida digna".

"Sin duda, podemos afirmar que el Ingreso mínimo vital al igual que otras ayudas sociales es un mecanismo para mantener a miles de personas atrapadas en las redes de la precariedad y la pobreza", expresan.

Según indican, "el gobierno más progresista de la historia" para sacar de la cárcel de la miseria y la penuria a millones de personas "debe dar pasos hacia el establecimiento de una renta básica de emergencia ajustada a la carta social europea y a otras medidas relativas al empleo y al reparto del trabajo con menos horas laborales sin reducciones de salario".

Sin embargo, denuncian que las redes burocráticas crecen y se alargan para enredar aún más a las familias humildes. Así, el artículo 33 del RDL 20/2020 sobre Ingreso Mínimo Vital viene a señalar que quienes cobren el IMV tendrán que presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a pesar de que está percepción está exenta de tributación.

"Se trata, en definitiva, de un trámite necesario para poder renovar la ayuda y seguir recibiéndola en 2021, por lo que tanto los titulares como los integrantes de cada unidad de convivencia tendrán que presentar la declaración de la renta, ya sea de forma individual y colectiva, aunque sus ingresos no superen el límite mínimo establecido que es de 11.279, 39 euros", explican.

La agencia tributaria, con el fin de no crear alarma, repite una y otra vez que no tendrán que tributar nada, que el resultado final es de cero, excepto a los que superen esta cantidad mínima que sí tendrán que pagar los rendimientos de este exceso.

Esta obligatoriedad pone de manifiesto a su juicio que lo que se quiere va más allá del control total y absoluto de los pobres; "su pretensión es la de reducir el número de personas perceptores de esta ayuda social. Es de toda lógica que, si la administración quiere, puede conocer la situación económica, patrimonial, fiscal y en general todos los datos relativos de quienes cobran esta renta mínima, sin necesidad de obligarles a realizar la declaración del IRPF". Así, en el art. 19 del Real Decreto se autoriza a la propia Seguridad Social, a la Agencia Tributarias, a los servicios sociales de base, y a los organismos de la Comunidad Autónoma para que recaben todos los datos que sean necesarios para la concesión.

El colapso de las oficinas de la seguridad social está asegurado dado que a la tramitación del IMV, proceso lento, cargado de burocracia y con múltiples errores derivados de su propia normativa, se va sumar esta nueva decisión burocrática y fiscalizadora para cientos de miles de personas.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de quienes cobran esta ayuda social nunca han hecho la declaración de referencia, son familias vulnerables en exclusión social que necesitan esa pequeña cantidad para comer día a día, y que no pueden pagar los suministros básicos de luz y agua.

Los propios técnicos de la administración responsables de la Hacienda Pública indican que se van a encontrar con una situación complicada "ya que hay multitud de personas que deben hacer por primera vez esta declaración, personas en pobreza severa, buena parte de ellas no tiene internet ni ordenador, que en muchos casos la mayoría [de las prestaciones] las han gestionado las ONG".

Desde Campamento Dignidad manifiestan lo siguiente:

"1.- Nos parece vergonzoso que se vuelva a recargar la inseguridad, la incertidumbre y la angustia más de la que ya tienen a personas con ingresos límites para subsistir. Por tanto, exigimos que se elimine esta obligatoriedad y que la declaración de la renta la hagan quienes superen las cantidades mínimas establecidas de modo general, según las normativas que regulan el IRPF.

2.- Que hay que empadronar a todas las personas, sea cual sea su situación, y en este caso desde la propia seguridad social se podría acceder a la situación de empadronamiento en los ayuntamientos (menos papeleo).

Tenemos constancia de que algunos ayuntamientos se niegan a conceder los empadronamientos a personas vulnerables y en extrema pobreza que residen en esos municipios, que son conocidos pero que no tienen un domicilio propio".

En definitiva, consideran que debe ser obligatorio para todos los Ayuntamientos dar de alta en el padrón a todos los vecinos y vecinas de la localidad, independientemente del estado habitacional que tengan, dado que el empadronamiento es básico para poder acceder a una ayuda social, a veces imprescindible para poder sobrevivir día a día, casos de personas sin hogar y o en asentamientos.

3.- Se debe permitir el acceso al IMV a las diferentes unidades de convivencia en un domicilio sin ser familia, a veces, hay mucha subjetividad en la valoración desde los servicios sociales, ya que actualmente no pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital

4.- No se puede negar el acceso a las personas jóvenes entre 18 y 23 años que actualmente también quedan fuera, a pesar de que a veces para ello disponer de unos ingresos son imprescindibles para organizar su vida y salir adelante.

5.- Desde Campamento Dignidad y desde Marea Básica seguiremos realizando acciones reivindicativas de derechos sociales y denunciando las arbitrariedades que se cometen contra los sectores más débiles de las clases populares no sólo desde las Administraciones Públicas, sino también desde entidades privadas, como por ejemplo LOS BANCOS.