Algo huele a podrido en la Comisión de Investigación del sector público extremeño

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha asegurado que la información aportada por parte de la Junta a la Comisión no Permanente de Investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura desde el año 2007 “está manipulada”.

La portavoz del GPP, Cristina Teniente, dice que tras las numerosas dificultades de los diputados para obtener información con la que desarrollar su tarea, ahora se revela que la información que llega es “falsa”.

Para Teniente, se trata de una situación de “extrema gravedad”, ya que se comprueba que 8 meses después del arranque de la comisión no sólo no llega toda la documentación requerida, sino que la aportada está distorsionada.

Teniente ha pedido explicaciones ante estos hechos y que se depuren responsabilidades. Asimismo, ha subrayado que se “están lesionando los derechos de los diputados” impidiendo una investigación de interés público, concretamente sobre la contratación de miles de personas.

Teniente ha recordado que ya en mayo el GPP puso en conocimiento de la mesa de la comisión que un volumen importante de documentación sobre la etapa 2007-2011 no podía ser analizado “porque faltaba”, por ello, los ‘populares’ presentaron varios escritos de queja y dos recursos de amparo a la mesa de la Asamblea. Tras esta situación, todos los grupos acordaron en la comisión no comenzar los trabajos hasta que llegara la documentación solicitada, algo que no sucedió hasta octubre.

Según ha explicado la portavoz, los informes de control financiero de las entidades objeto de investigación no concuerdan con la información “dispersa y desordenada” que fue remitida a la comisión. También ha incidido en que los informes del Tribunal de Cuentas citan que la entidad GPEX tuvo entre 2007 y 2010 el mayor volumen de contratación, ejercicios sobre los que precisamente faltaba información. En esa horquilla temporal se produjo un salto de 18 a 901 contrataciones. Y de 2010 a 2011, ascendió hasta las 1.056.

Además, Cristina Teniente ha señalado que el Tribunal de Cuentas reconoce que ninguna de las entidades del sector público autonómica contaba con manuales de procedimientos para la selección de personal, es decir, que “entraba la gente como le daba la gana”, y tampoco se puede acreditar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

SIN CRITERIOS DE SELECCIÓN

Teniente ha revelado que en el último informe aportado -una auditoría sobre la actividad de GPEX- “no consta qué empresa realiza la selección de personal”, ni se dice qué personas participan en la selección, no se publican las convocatorias adecuadamente o no se explica cómo se hace la preselección de currículums. Además, se refleja que no se hacen pruebas objetivas y que se puntúan criterios subjetivos en entrevistas donde prima la primera impresión, la apariencia o factores afectivos.

“¿Hemos pasado de un personal de 18 a 901 con estos procesos de selección?”, se ha preguntado Teniente, que ha explicado que para la cobertura de algunos puestos ni siquiera se cumplía con la titulación requerida. “Esta información que les estoy diciendo no se había aportado a la comisión cuando tenían que haberse iniciado las comparecencias”, ha reiterado la portavoz ‘popular’.

Teniente ha anunciado que se llevarán a cabo las acciones jurídicas precisas y ha subrayado que “no se puede estar engañando al Parlamento de esta manera”.