Así lograron estafar 600.000 euros a la Seguridad Social estas 11 personas

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife una operación dirigida contra el fraude a la Seguridad Social, con actuaciones en sectores tan diversos como la hostelería, la construcción, la limpieza y la promoción inmobiliaria. Con esta actuación se ha descubierto la generación de un fraude a la Seguridad Social por valor de 607.941,87 euros.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social remitió diversos escritos-denuncias en los que se detallaban las supuestas irregularidades llevadas a cabo por los administradores de varias empresas, cuyo objetivo final era eludir sus obligaciones de pago. Todas estas empresas se encontraban ubicadas en la isla de Tenerife.

Crecimiento irregular del patrimonio de las empresas y de sus responsables

Los administradores no abonaban sus propios seguros sociales (cuota empresarial), ni los seguros de sus trabajadores (cuota obrera), por lo que el margen de beneficios era elevado. Tras el análisis de las denuncias se pudo comprobar que el patrimonio de las empresas investigadas, así como el de sus administradores, crecía de forma irregular ya que la aparición de la figura de la sucesión empresarial y la creación de empresas pantalla que ocultaban tanto los beneficios obtenidos como los bienes, favorecían el fraude que se cometía contra la Seguridad Social.

Ante estos hechos, los agentes han podido determinar la presunta participación delictiva de once personas, principalmente los administradores, sus testaferros, trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración de la ejecución y falsedad documental.

Entramado empresarial para comprar deudas y no ejercer actividad

Una de las mercantiles investigadas, que desarrollaba su actividad en una discoteca situada en la localidad tinerfeña de Adeje, tenía en el año 2018 elevadas deudas, careciendo de bienes y sin tener voluntad cumplidora de sus obligaciones con la Seguridad Social al no ingresar ninguna cuota a lo largo de su existencia ni realizar ningún trámite para saldar la deuda mediante ingresos voluntarios periódicos o por ofrecimiento de bienes embargables, produciéndose la declaración de insolvencia por jurisdicción social. Sin embargo, tan solo un mes después de esa declaración, se produjo la venta de sus acciones por un precio de 200.000 euros a favor de una tercera empresa.

La empresa que adquiere la mercantil deudora tenía una actividad declarada de promoción inmobiliaria, pero su único movimiento era la adquisición de esas acciones por valor de 200.000 euros, sin poseer bienes inmuebles. Como administrador de esta empresa figuraba un varón de nacionalidad italiana, socio con 100 acciones. El resto de las acciones, un total de 59.900, eran titularidad de otro individuo italiano.

En el año 2019, cesó el administrador y fue nombrado en esa responsabilidad otro hombre de nacionalidad croata, pasando igualmente este último a poseer tan solo 100 acciones de la empresa en la que constaba como administrador. Se determinó posteriormente que el socio accionista mayoritario era el verdadero titular de la empresa y, además, era plenamente partícipe en la comisión de los hechos delictivos, el cual utilizaba a los dos administradores como testaferros.