C’s reclama un Pacto de Estado de Ayuda a la Dependencia

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, solicita un Pacto de Estado por la Ayuda a la Dependencia y la Autonomía Personal "que ponga fin a la situación de desatención o de espera de miles de personas y de los recortes que sufren desde 2012”.

Trasladará esta petición a la Asamblea de Extremadura al pleno del próximo jueves, donde presentará una propuesta de pronunciamiento para que la Cámara inste al Gobierno central a suscribir este pacto.

A su juicio, es necesario un pacto que conlleve la revisión de la Ley de Dependencia de 2006, para que “garantice una financiación estable y suficiente, actualice los baremos de acceso, agilice los procesos de valoración, recupere la figura de los cuidadores e integre las personas con diversidad funcional y con enfermedades de tipo mental, evitándose las duplicidades administrativas que suponen, en la mayoría de los casos que los expedientes tarden mucho en resolverse”, ha manifestado Domínguez.

En este sentido, ha citado datos del Observatorio de la Dependencia que señalan que, en los últimos cuatro años, han fallecido 150.000 personas que no llegaron a recibir prestaciones o servicios reconocidos por su situación de dependencia o que existen 350.000 en el llamado ‘limbo de la dependencia’ que no reciben ninguna prestación del sistema, teniendo peno derecho a ellas.

Para la portavoz de Ciudadanos, “no es de recibo, ni puede seguir pasando que personas con derecho a tener cobertura de la Ley de Dependencia fallezcan sin que el Estado satisfaga una situación personal y de dependencia incluso ya reconocida”.

En este sentido, Domínguez considera que el pacto de Estado que revise la ley por consenso "debe evitar duplicidades administrativas y unificar servicios en todo el territorio, apoyar al cuidador y estudiar el reconocimiento efectivo del derecho de cotización de los cuidadores que se vio mermado o recortado por el Gobierno en 2012".

“Más allá del décimo aniversario de Ley seguimos pensando que hay muchas carencias”, ha dicho, añadiendo que “se siguen retrasando los baremos de evaluación y que es necesario que dentro del marco, cuenten con una financiación estable en la parte que corresponde al Estado, puesto que muchas comunidades solventan la situación con un gran esfuerzo presupuestario aunque sin poder llegar a tiempo en el cumplimiento de los derechos que reconoce esta ley”.