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CCOO exige la reposición del 70% de la financiación recortada al correo público

Nacional

9 de Junio de 2017

CCOO exige la reposición del 70% de la financiación recortada al correo público

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, se opone al tijeretazo del 70% de la partida presupuestaria destinada a la prestación del servicio postal público que Fomento y Hacienda quieren aplicar a Correos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

El sindicato que ya criticó en el inicio del debate de Presupuestos Generales del Estado el recorte de un tercio de la financiación, y de medio millón más para enjuagar los acuerdos políticos, considera que la eliminación de otros 62 millones de euros, suprimiendo 123 millones de los 180, es inadmisible, inexplicable y carece de justificación alguna en un servicio que se verá recortado en casi un 70% y que ya era claramente deficitario.

CCOO ha señalado que “Fomento y Hacienda están subastando Correos para salvar los Presupuestos Generales del Estado” y ha incidido en que este ataque directo a la empresa postal pública tiene el objetivo de llevar a la quiebra a Correos y de convertirla en una empresa lowcost.

La gravedad del recorte que el Gobierno quiere aplicar radica en que Correos es una empresa presente en todos los núcleos de población, en los más de 8.000 municipios, que ejerce un papel fundamental en la vertebración territorial, social y económica, una labor social y de país, que podrían ver truncada millones de ciudadanos al ver cómo la empresa queda reducida, menguada o incluso privatizada a la vez que se eliminan miles de puestos de trabajo.

CCOO espera que en la reunión que se celebrará este viernes 9 de junio con Fomento, se entre en profundidad a discutir contenidos y se fijen compromisos firmes sobre la viabilidad de la empresa.

El sindicato exigirá la restitución completa de la partida presupuestaria que se quiere recortar y una discusión integral sobre el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal pendiente desde hace más de seis años, que CCOO cuantifica cercano a los 300 millones de euros. De lo contrario, la movilización está garantizada con la consiguiente convocatoria de huelgas.

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