Cerca de 100.000 firmas rechazan declarar BIC las monterías y rehalas en Extremadura

La iniciativa de declarar Bien de Interés Cultural las monterías y rehalas en Extremadura se inició a principios de 2018, cuando la Federación Extremeña de Caza presentó formalmente la documentación ante la Junta de Extremadura.

Posteriormente el partido político Ciudadanos propuso en la Asamblea de Extremadura instar a la Consejería de Cultura a agilizar dicho trámite, justo un año después de que el uso de rehalas saltara a la actualidad y se cuestionara tras despeñarse 12 perros y un ciervo en una montería celebrada en la localidad cacereña de Herreruela; lo ocurrido despertó una tremenda ola de indignación en todo el país.

Este rechazo social es uno de los motivos por el que más de medio centenar de colectivos y profesionales formados por -entre otros- organizaciones ecologistas, de protección animal, educadores caninos, veterinarios y abogados solicitaron a los grupos parlamentarios extremeños que votasen en contra de dicha propuesta, que fue llevada al pleno de la Asamblea el 5 de diciembre de 2019. Finalmente ésta fue aprobada con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, y los votos en contra de Unidas por Extremadura, y actualmente esta propuesta se encuentra en estudio por parte de la Consejería de Cultura de la Junta.

Desde entonces, un número creciente de entidades han mostrado públicamente su disconformidad a que se proteja públicamente y se subvencione (con ayudas económicas destinadas a Cultura) una actividad que está intentando blindarse, mientras es cuestionada por un amplio sector de la población. La oposición a la declaración BIC de rehalas y monterías en Extremadura se ha reflejado también en una recogida de firmas on line abierta a tal efecto, lleva ya sumados más de 92.400 apoyos.

Los argumentos planteados para oponerse a esta declaración BIC son diversos. Uno de ellos es que el empleo de rehalas está en entredicho por su impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente por la imposibilidad de asegurar que los perros no ataquen a especies legalmente protegidas. Estos canes son seleccionados y se potencia su agresividad contra los animales silvestres, lo que pondría en peligro a especies amenazadas, como ya ha ocurrido con la muerte de un lince en la provincia de Córdoba y la huida de otro en el parque nacional de Monfragüe. Asimismo, pueden llegar a atacar e incluso matar también a especies domésticas, como se ha documentado en las localidades extremeñas de Cachorrilla y Valverde de Leganés.

En un contexto social cada vez más sensible ante el maltrato animal, otro aspecto a considerar en las rehalas es la cuestionable calidad de vida en muchos de estos perros. Existe ya un apreciable número de denuncias y condenas por la deficitaria situación higiénico-sanitaria que a veces llegan a padecer, como la que se ha puesto de manifiesto en la investigación recientemente abierta al propietario y al cuidador de una rehala en la localidad pacense de Puebla de la Reina, en cuyas instalaciones el SEPRONA ha hallado más de una veintena de perros muertos a consecuencia de la desatención y abandono que sufrieron.

Por otra parte, quienes son favorables a blindar estas actividades cinegéticas aluden a la relevancia económica que generan, pero se olvidan de cómo perjudican estas cacerías al desarrollo de otras actividades en auge y más rentables para el mundo rural, como el del turismo de naturaleza o los deportes al aire libre, y a la riqueza económica que esto conlleva (hostelería, restauración y comercio de esas zonas).

La iniciativa que se opone a la declaración BIC concluye que “la protección del patrimonio cultural supone un reconocimiento que debe afianzar la continuidad de prácticas tradicionales que estén en armonía con el territorio en el cual se desarrollan, y no deben convertirse en simples declaraciones que vayan en contra de aspectos tan importantes como la sostenibilidad y la cohesión social.

Una actividad que conlleva la muerte y sufrimiento de animales, y que es fuente de tanta controversia entre la ciudadanía, no debería ser objeto de blindaje por parte de las instituciones”.