Detenido un español cuando huía a Miami por fraude a la Seguridad Social

La operación ‘Trafalgar’ comienza a dar resultados después de 2 años de investigación, cuando la Policía Nacional ha destapado un fraude de 362.738,95 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal. Las personas imputadas han sido 21, pertenecientes a las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia.

El principal autor de estos hechos ilícitos fue detenido en Oviedo horas antes de coger un vuelo a Miami (Estados Unidos), donde pensaba establecer su residencia.

Las primeras indagaciones se iniciaron al ser detectada una empresa de Oviedo que, hasta el año 2013, se dedicaba a la distribución nacional e internacional de alimentos y bebidas y que tenía una deuda de 124.000 euros con la Seguridad Social al no abonar las cuotas de sus trabajadores.

El inicio de los impagos coincidió con la venta de la sociedad a un empresario cubano, quien le cambió el sentido de su objeto social para dedicarse a las reformas y la construcción trasladando su actividad a la localidad de Ribadeo (Lugo).

El resultado de las investigaciones puso sobre aviso a la Inspección de Trabajo de Asturias, al observar que otras empresas cumplían con patrones similares respecto a la generación de deuda y su falta de actividad.

Tras el estudio de las empresas con indicios fraudulentos se realizaron inspecciones de trabajo ficticias, en las que se detectó que tenían un objeto social común, todas carecían de trabajos realizados de forma constatable. Además, según ha informado la Policía Nacional, no pudieron aportar facturas, ni siquiera clientes y proveedores desde finales de 2012.

El examen de la documentación ha permitido demostrar que los trabajadores declarados con altas ficticias obtuvieron diversos beneficios conseguidos ilícitamente, de forma única o conjunta, como son la consecución de los permisos de residencia y el cobro de prestaciones de desempleo.

La deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social generada por las tres empresas ficticias investigadas fue de 155.612,95 euros, y el fraude cometido al Servicio Público de Empleo Estatal se contabilizó por valor de 83.096,20 euros, habiéndose recuperado por parte de este último organismo una parte del mismo gracias a sus procedimientos administrativos.