Ecologistas denuncia el uso de fondos públicos en proyectos de ingeniería social

La organización ecologista ha vuelto a denunciar el uso de fondos europeos para proyectos de “innovación” que, a su juicio, buscan deslegitimar y debilitar los movimientos sociales y ecologistas que denuncian irregularidades y conductas delictivas en el sector minero.

Según ha transcendido por una reciente pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el proyecto multimillonario VECTOR –financiado a cargo de fondos Horizonte Europa– utilizaría metodologías de georreferenciación de las percepciones públicas sobre la minería y desarrollaría algoritmos de inteligencia artificial (IA) para saber cómo y dónde intervenir para minimizar la oposición social.

Ecologistas en Acción reitera que es preocupante que España vuelva a ser un campo de experimentación para este tipo de metodologías de dudosa ética, pues la oposición que se busca eliminar es precisamente la que está consiguiendo que afloren las prácticas de corrupción y delitos ambientales perpetrados por la industria minera.

En agosto de 2020 se denunció una iniciativa similar –el proyecto MIREU– con el que se realizó un mapeado de los distintos conflictos ambientales sobre proyectos mineros en España. Dicho proyecto tenía el agravante de la participación directa de las Administraciones públicas de Andalucía, Aragón y Castilla y León, que debían adoptar decisiones sobre los proyectos denunciados por la ciudadanía.

La organización ecologista denuncia el uso continuado de fondos de la UE para proyectos que, bajo un supuesto interés científico, buscan desarrollar intervenciones de ingeniería social. Estos proyectos debilitan a los movimientos sociales y a la ciudadanía ambiental activa que denuncian las continuas y sistemáticas irregularidades en explotaciones mineras en distintos territorios.

Ecologistas en Acción considera que este tipo de prácticas de ingeniería social deberían prohibirse, ya que “suponen una interferencia nociva con el derecho de la ciudadanía a sostener sus propias opiniones y su deber de denunciar los delitos penales e infracciones administrativas que se cometen en sectores como el minero”.

Por todo ello, en la denuncia ante el Parlamento Europeo se señala una vulneración de la Carta Europea de los Derechos Humanos. También se alerta de que este tipo de prácticas son contrarias al Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación, lo que debería motivar el rechazo de la Comisión Europea a su financiación.