El Ministerio quiere sancionar a los compradores de arroz en Extremadura

El 5 de marzo de 2018, La Unión Extremadura presento en la Agencia de Información y Control Alimentario dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia contra las empresas Arroceras Pons, Mercoguadiana y Emilio Camacho, por entender que no estaban cumpliendo lo estipulado en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En concreto denunciaban que no cumplían la obligatoriedad de confeccionar los correspondientes contratos entre los vendedores y estas empresas compradoras donde se estipulase tanto el precio del producto como las fechas de pago.

La Unión ha venido denunciando desde entonces que aprovechando este incumplimiento las empresas compradoras han causado una pérdida de 8,6 millones de euros a los productores extremeños, que son los agricultores que más barato vendieron arroz el año pasado.

La organización agraria explica que Extremadura sembró en la campaña pasada 23.457 hectáreas con una producción final de 175.927 toneladas, donde las variedades de arroz largo supusieron casi el 90% de la superficie. Este año se prevé una pérdida importante de superficie, ya que los precios que recibieron por su producto los agricultores extremeños no cubrían los costes de producción al estar más de 40 euros/tonelada por debajo de los precios de Andalucía, Valencia y Cataluña.

“Es un dato relevante que de tres empresas denunciadas, el Ministerio haya abierto tres expedientes sancionadores al detectar en las tres, indicios razonables de incumplimiento de la normativa, lo que hace pensar que esta es una práctica extendida entre los compradores de productos agrarios”, consideran desde La Unión.

Aseguran que están cansados de estar “todo el día” denunciando el “incumplimiento” de las normas en los contratos agrarios e indican que esto le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, “que es la competente, en vigilar que los mismos se cumplan”, recuerdan.

Por eso, la organización agraria denuncia la “incompetencia” de la Administración Regional en hacer cumplir la Ley en lo que en medidas para proteger a los productores se refiere. “Los agricultores extremeños tenemos todos los días inspecciones de trabajo, de Hacienda, inspecciones del cumplimiento de las normas de la PAC, pero parece ser que no hay presupuestos para contratar dos inspectores para que vigilen que se cumple la Ley de contratos agrarios”.

Así, exigen a Fernández Vara que “asuma sus competencias” y que de manera inmediata se cree en Extremadura el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.