El Tribunal de Cuentas advierte de irregularidades durante el Gobierno de Monago

El informe del Tribunal de Cuentas, dado hoy a conocer por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha advertido de una serie de "prácticas irregulares" que se vienen realizando por parte de los distintos gobiernos de Extremadura.

El informe que remite el Tribunal de Cuentas corresponde a la fiscalización del ejercicio de 2014, pero las prácticas a las que hace referencia se vienen desarrollando durante los años posteriores igualmente.  

Entre ellas, destaca la indeterminación tanto en las sucesivas Ofertas de Empleo Público, como en las posteriores convocatorias de la distribución de plazas y que a 31 de diciembre de 2014 mantenía pendiente de resolución 576 plazas convocadas; la utilización indebida de contratos de obra y servicios para amparar relaciones de naturaleza indefinida que afectó a 140 trabajadores o el incumplimiento generalizado de los plazos legales de pago. 

CONTENIDO DEL INFORME

El informe remitido por el Tribunal de Cuentas, señala que Extremadura mantiene la práctica de integrar, en el presupuesto y en la Cuenta de la Administración General, los presupuestos y las cuentas de cuatro entes públicos, así como los de tres organismos autónomos; lo que supone que la representatividad de las cuentas esté distorsionada, e impida el análisis particularizado de la contabilidad de estas entidades con personalidad jurídica independiente.

Blanco-Morales ha detallado que la Cuenta General de la Junta de Extremadura se ha rendido en plazo y se han integrado en la misma la práctica totalidad de las cuentas anuales individuales de las entidades públicas autonómicas obligadas a ello.

Por otra parte, la ausencia de algunos módulos del sistema contable condiciona las deficiencias de información que se han detectado en la memoria rendida por la Administración General.

Especialmente, ha explicado, ocurre en la información referida a los gastos con financiación afectada; por lo que el Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver veintidós expedientes con motivo de las discrepancias mostradas por órganos gestores en relación a prestaciones realizadas sin soporte contractual, fraccionamiento del objeto de los contratos e indebida tramitación de modificaciones contractuales.

En todos ellos, tanto la Intervención General como la Dirección General de Servicios Jurídicos coinciden en señalar que el procedimiento utilizado fue inadecuado.

No obstante, pese a que en el ejercicio anterior el remanente de tesorería fue negativo, por un importe de 166 millones de euros, durante el ejercicio 2014 se han financiado incorporaciones de crédito con remanente de 18 millones de euros.

Sobre el presupuesto de gastos, la fiscalización observa que existe una infravaloración de las obligaciones reconocidas, por un importe de 56 millones de euros. Esta cantidad se debe a una inadecuada imputación presupuestaria de pasivos financieros.

En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, el informe señala que los derechos presupuestarios del ejercicio 2014 se encuentran infravalorados en un total de 14 millones de euros y el importe de los deudores presupuestarios que se encuentran en riesgo de prescripción alcanza los 37 millones de euros.

En cuanto a la dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Salud se manifiestan reiteradamente insuficientes a la hora de hacer frente a los gastos reales del ejercicio.

En relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Extremadura incumplió, en 2014, la regla de gasto y su objetivo de déficit, alcanzando el 2,51% frente al objetivo de déficit establecido del 1%.

La fiscalización también ha constatado prácticas inadecuadas en la contratación de personal por parte de determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, tanto por no acreditar las razones urgentes e inaplazables que motivaron dichas contrataciones, como por la concatenación de contratos temporales.

El periodo medio de pago superó ampliamente el plazo de 30 días en los tres últimos meses de 2014. Pese a ello, no se elaboró un plan de tesorería, con el calendario y compromiso de las medidas a adoptar, incumpliendo lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

RECOMENDACIONES

Como recomendaciones, el Tribunal de Cuentas insta a la Administración a adoptar las consideraciones que se emiten en dicho informe. En este sentido, la consejera de Hacienda ha señalado que algunas serán posibles atenderlas de forma más o menos inmediata pero otras requerirán cambios legislativos o modificaciones de procedimientos que necesitan más tiempo.

Al mismo tiempo ha destacado la labor de este órgano cuyo fin principal es el de garantizar la actividad auditora. Así, ha recordado que el Tribunal de Cuentas somete la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía, por lo que desde la Junta de Extremadura, ha insistido, se valora y presta gran atención a los informes.

PODEMOS

Por su parte, el portavoz de esta comisión por parte de Podemos, Obed Santos, ha destacado que el informe del Tribunal de Cuentas demuestra que la gestión del PP “no era tan buena”. Asimismo ha preguntado a la consejera de Hacienda “qué medidas va a tomar la Junta de Extremadura para adoptar las recomendaciones de este informe”. “También muestra una forma más de la opacidad de las empresas públicas de la región”, ha criticado Santos.

El diputado de Podemos también ha puesto de manifiesto que durante el gobierno del PP “fraccionaban contratos y modificaban los mismos desde las empresas públicas para saltarse cualquier tipo de fiscalización que pudiera haber en la ley de transparencia”. En definitiva, Obed Santos ha cuestionado a la Blanco-Morales si su consejería “va a continuar” con estas prácticas que advierte hoy el informe.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el diputado del Partido Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha felicitado a la consejera por comparecer hoy ante la comisión, ya que desde el año 2011 no comparecía un consejero para explicar el informe del Tribunal de Cuentas.

“El Tribunal de Cuentas deja claro que la utilización de los contratos de obras y servicios ha sido indebido, pero también dice que las leyes de presupuestos anteriores habilitaban esta práctica”, ha defendido.

Carrón señala que, a pesar de la importancia que tiene las recomendaciones que se dan en este informe, son “recomendaciones”, y que a veces, “están lejos de poder ser acatadas”. Finalmente, el diputado popular indica que estas prácticas de las que hoy se habla “también se han venido realizando por el Partido Socialista”.

PSOE

El diputado socialista, Jorge Amado, ha invitado a Podemos a denunciar ante la fiscalía las acusaciones que ha realizado referentes al PP. También ha destacado que este informe refleja que el Gobierno de José Antonio Monago “no cumplía con el gasto, ni con el pago medio a proveedores”.