Exigen a Guardiola medidas para las viviendas sociales públicas en Extremadura

Óscar Pérez, coordinador de Una Extremadura digna: “Lo que ha sucedido en Cáceres hace unos días con la muerte de una persona sintecho, nos lleva a la reflexión general del problema de la vivienda sociales, elemento básico que necesitan todas las personas para una vida digna".

Afirma que en nuestra sociedad extremeña actualmente el problema de la vivienda “no está resuelto ni mucho menos, no se considera un asunto de vital importancia por el Estado ni por los gobiernos, aunque en sus normas constitucionales se considere el derecho que tienen todas las personas a la vivienda. En el caso de España, el artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Las normas internacionales y los convenios suscritos por el Estado español también reflejan este derecho a la vivienda. Así la reciente Ley 12/2023 de 24 mayo, por el derecho a la vivienda, recoge en su exposición de motivos que esta necesidad se encuentra recogida en el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y en el art 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de mayo de 1966, así como en otros acuerdos internacionales que siempre recuerdan la vivienda como elemento vital de los seres humanos. Del mismo modo, la UE recoge en la carta social de 1961, reforzada en 1996 este derecho fundamental. No obstante, el impacto de todas estas normas relativas al derecho a la vivienda no se ven reflejadas en la realidad extremeña ni en la nacional.

Lo cierto es que la vivienda en el capitalismo es una mercancía y como tal está sometida a la ley de la oferta y la demanda, es decir, es un valor de cambio, sometida al negocio del mercado. A mayor escasez, mayor precio y mayor beneficio de sus poseedores.

Así, los datos estadísticos revelan que en España haya casi 4 millones de viviendas vacías, pero en cambio haya unas 30.000 personas que vivan en la calle, sin hogar. Además, casi el 82% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no pueden vivir de modo independiente por la incapacidad de acceder a una vivienda por su alto precio que no pueden permitirse con sus bajos salarios. Un porcentaje de jóvenes próximo al 84 % tienen que vivir con sus padres, siendo la edad media de emancipación en el estado español de unos 30 años. Los datos referidos a Extremadura reflejan que casi el 37 % de la población se encuentra en la pobreza o exclusión social en el año 2022, más de 13 puntos por encima de la media nacional que es del 26 %.

Desde UED exigen al nuevo gobierno de la Junta de Extremadura que tome medidas que afronten la carencia de viviendas que padece la región, carencia que se extiende como una mancha de aceite en la medida que se incrementa el empobrecimiento de la población con la subida de los precios.

Las medidas que se pueden tomar dentro de las competencias de la administración regional son muchas, “comenzando por expropiar los pisos en manos de entidades bancarias y grandes poseedores u obligándolos a ponerlos en alquiler social, la creación de Bancos Locales con la adquisición de viviendas en venta, el desarrollo y la puesta en funcionamiento de un plan de construcción de viviendas, etc”.

Además, en una cuestión de máxima urgencia, el gobierno de Extremadura y su presidenta, que “tanta palabrería está usando para expresar y hacer público sus deseos de preocupación por resolver los problemas de los ciudadanos, debe actuar de forma inmediata en conexión con los ayuntamientos que también son responsables, para que no haya ciudadanos durmiendo en la calle y sufriendo dramáticamente en sus cuerpos las inclemencias del tiempo”.