Extremadura Digna muestra su apoyo para la eliminación de las pruebas de acceso a la Universidad

COMUNICADO

Extremadura Digna está de acuerdo con las reivindicaciones de amplios sectores estudiantiles que proponen la eliminación de los exámenes de ingreso a las universidades. En este sentido, es lógico pensar que un alumno de 18 años que ha cursado el bachillerato tiene la suficiente capacidad para realizar unos estudios universitarios.

Las pruebas en sí mismas tienen un objetivo político claro que no es otro que ser obstáculos y barreras que impidan a un buen número de estudiantes accedan a la universidad. De este modo, lo que se pretende es que el gasto social del Estado sea lo más pequeño posible. En las propuestas presupuestarias de los gobiernos se mira con lupa todo aquello que pueda elevar el importe económico destinado a la educación pública.

Para alcanzar que todos los estudiantes que terminan sus estudios postobligatorios y deseen ir a la universidad puedan hacerlo, es preciso que las administraciones públicas pongan todos los recursos que sean necesarios.

Para la ejecución práctica de este objetivo solidario y de justicia social es preciso que los centros de estudios universitarios dispongan de los requisitos humanos y materiales necesarios para la docencia teórica y práctica; se dote al alumnado de becas adecuadas, y en general, de todo aquello que sea necesario para lograr una educación superior de calidad.

Los Estados tienen recursos más que suficientes para facilitar el incremento del número de personas jóvenes interesadas en adquirir una formación técnica y profesional en las universidades.Los fondos de recuperación económica podían ser un medio importante para facilitar este objetivo solidario con la juventud.

El incremento de los presupuestos para este gasto social y solidario puede salir fácilmente de los miles y miles de millones de euros con los que el Estado fomenta la militarización y el armamento para la guerra, o de los que destina a incrementar el poder de los medios represivos para hacer frente al descontento social, a con los que paga los intereses derivados de la capitalización y las ayudas a las grandes entidades que controlan la riqueza del país y saquean al pueblo trabajador: bancos, eléctricas, monopolios de la alimentación y otras grandes empresas que disfrutan del fondo presupuestario estatal y regional.