Extremadura reclama al Estado los 86 millones pendientes del IVA de 2017

El secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, ha asegurado que Extremadura ha reclamado en numerosas ocasiones al Estado las cantidades correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2019, así como mantiene su petición por las cantidades adeudadas por la liquidación del IVA de 2017.

Así lo ha explicado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura, donde el secretario general de Presupuestos ha sostenido que la principal preocupación del Ejecutivo extremeño era que la falta de estos recursos pudiera influir en la capacidad de la Junta de Extremadura para hacer frente a las obligaciones de pago.

En este sentido, y respecto de las entregas a cuenta de 2019, por importe de 134 millones de euros, Novas ha afirmado que no ha supuesto una restricción en el volumen de gasto para los presupuestos de 2019. Es decir, no han impactado en el cálculo del déficit, toda vez que, además, el Gobierno de la nación ya ha aprobado la actualización de las mismas.

Pero sí ha tenido un efecto en la tesorería hasta su cobro antes del 31 de diciembre, ya que, según explicó el secretario general de Presupuestos, Extremadura aumentó su financiación a corto plazo vía préstamo, al cero por ciento de interés, con el objetivo de que el periodo de pago a proveedores no se incrementara más allá de los 30 días.

Tras esta última decisión de actualizar las entregas a cuenta, la Junta de Extremadura ha solicitado por escrito al Ministerio de Hacienda la compensación por la pérdida de recursos derivada de la liquidación del IVA de 2017 y que la región dejará de percibir en el actual ejercicio presupuestario.

La compensación por esta cuestión, junto a otras transferencias de recursos adicionales, supone un desfase en las cuentas regionales de 86 millones de euros, lo que, en este caso, sí tendrá un efecto en el objetivo de déficit de 2019, equivalente a cuatro décimas.

Novas ha aseverado que la compensación por el cambio del modelo de recaudación del IVA es una cuestión “de justicia”, ya que resta dicha cantidad a la financiación de las comunidades autónomas.