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Agro

Extremadura vuelve a ser sancionada por la declaración de pastos

Agro

21 de Febrero de 2017

Extremadura sancionada de nuevo por la declaración de pastos

La Unión Europea ha impuesto una sanción a España de 262,88 millones de euros por no haber declarado correctamente la superficie de pasto admisible por hectárea.

Según la UE había que haber descontado la superficie de arboleda de dichas hectáreas, labor que hicieron algunas comunidades como País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón, Baleares y Canarias. Pero Extremadura no supo explicar a la Comisión que las superficies con encinas son 100% aprovechables con el ganado.

El pasado viernes el Consejo de Ministros repartió la sanción entre los ganaderos de las distintas comunidades autónomas y a Extremadura se le ha impuesto una multa de 79,61 millones de euros.

La organización agraria La Unión ha criticado que dicho importe “lo tendrán que pagar todos los ganaderos extremeños por la negligencia de los políticos que nos gobernaron entre el 2009 y el 2013”.

La Unión de Extremadura se niega a que esta sanción impuesta por la Unión Europea, “porque nuestra Administración no hizo caso de las recomendaciones”, la paguen los ganaderos. “Ningún ganadero ha recibido ni un euro más de lo que le correspondía, ya que los importes recibidos son los asignados por los periodos históricos”, alega la organización agraria.

Asimismo indican que están esperando la publicación de la resolución para impugnar en los juzgados la misma y exigen a la Junta una reunión para analizar el pago de la multa.

También anuncian movilizaciones del sector para protestar por esta “actitud irresponsable” de los políticos extremeños al mismo tiempo que exigen “responsabilidades” a los gobernantes de aquel periodo.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, la Junta de Extremadura junto al resto de comunidades han marcado una posición conjunta ante el Gobierno de España, el cual ha interpuesto un recurso ante esta denuncia.

En el caso de que no sea favorable, el Ejecutivo extremeño considera que el que debe asumir dicha multa es el Gobierno Central, tal y como ha indicado su portavoz, Isabel Gil Rosiña.

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