FFW: "La Junta de Extremadura ha concedido 132.000 € a una entidad taurina condenada"

La Fundación Franz Weber ha criticado la concesión de dos subvenciones de la Junta de Extremadura, por valor de 132.000 euros, a una entidad taurina condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde se les obligó a devolver una ayuda otorgada en 2020 por el gobierno de esta comunidad. 

Los naturalistas lamentan que el ejecutivo extremeño regale miles de euros para redactar un "Libro blanco" sobre la tauromaquia en la región y para organizar novilladas, "mientras miles de familias están combatiendo una importante crisis socioeconómica por el alza de precios de alimentos y de sus propias hipotecas". 

A esto se suma la condena de un Tribunal Superior autonómico, en cuya sentencia se obligaría a reintegrar el importe percibido por la entidad agraciada ahora por la Junta extremeña, según medios taurinos. En su momento habrían recibido alrededor de 326.000 euros del erario público, correspondientes solo a 2020. 

Rubén Pérez, coordinador de campañas, ha señalado que "preocupa la insistencia de algunos ejecutivos, como el extremeño, con ofrecer apoyo financiero a un lobby minoritario dedicado a fomentar la violencia, el que parece hacer de las subvenciones su verdadero modo de existencia, empleando la tauromaquia como perfecta excusa para vivir de subsidios públicos." 

"No hay demanda social para un supuesto Libro que relate las bondades de las corridas de toros en Extremadura y las novilladas; estas actividades solo se sostienen, efectivamente, cuando las pagamos de nuestro bolsillo", ha añadido.

En el periodo 2019-2023 la Base de Datos Nacional de Subvenciones detalla, al menos, ayudas superiores a los 1,8 millones de euros para "el lobby subvencionado" por la Junta de Extremadura este ejercicio. 

FFW considera que las administraciones públicas implicadas deberían abstenerse de firmar acuerdos o nuevas ayudas con este grupúsculo al respecto de la situación judicial de Castilla y León. La sentencia de la que se han hecho eco varios medios de comunicación sería susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.