Giro radical para el desafío independentista catalán

La contundencia del ‘process’ en cuanto a su determinación de celebrar el referéndum separatista, obviando la ley, genera las primeras dudas a través de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Colau, hasta ahora partidaria de la consulta, ha manifestado su negativa a ceder espacios municipales para la ubicación de las urnas el 1-O, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional que han tumbado la aprobada Ley de Transitoriedad o de Desconexión impulsada por los secesionistas.

Por este motivo, la mandataria barcelonesa ha rechazado “de momento” las peticiones de la Generalitat encaminadas a habilitar colegios electorales en la capital catalana “para no empujar a los funcionarios a cometer una infracción”.

Sin embargo, Colau accedería a la cesión de los centros de votación para el desarrollo del referéndum, “siempre y cuando el Govern garantice que al organizar esta consulta no está incurriendo en una ilegalidad”.

Resulta del todo imposible que este extremo pueda ser demostrado por Puigdemont tras las suspensiones por parte del Tribunal Constitucional, las resoluciones en torno al plebiscito y las querellas de la Fiscalía.

Por tanto, la alcaldesa ha impuesto una condición insalvable, lo que supone una auténtica traba que siembra las primeras dudas serias de que el 1-O Cataluña decida romper con España.