Destapan "infierno laboral" en el sector de la ayuda a domicilio

CCOO ha denunciado el “infierno laboral” que se está extendiendo en los sectores de ayuda a domicilio y atención a la dependencia en Extremadura.

Cerca de 2.500 trabajadoras empleadas en estos sectores "malviven con salarios mínimos debido al abuso patronal del descuelgue del convenio o a convenios de empresa leoninos e impuestos fraudulentamente sin negociación".

Ante esta situación, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sanitarios reclaman volver al sistema de concierto directo para que la Administración pueda controlar las condiciones laborales.

Los máximos responsables de esta federación, tanto a nivel estatal como de Extremadura, ha mantenido diferentes reuniones con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, así como con los grupos políticos de Podemos y PSOE.

Según explica su secretario general, Antonio Cabrera, en estos encuentros "les hemos transmitido la gravedad de la situación actual que padece una parte importante de las trabajadoras del sector de la Dependencia en Extremadura, y más concretamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, ya que se está instalando en la región un paraíso empresarial que se convierte en un infierno laboral".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha apuntado directamente a la reforma laboral "como la principal facilitadora de esta extensión de los abusos. Apoyándose en la reforma laboral, llevada a cabo por el Partido Popular, que ha desequilibrado las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, se está condenado a situaciones de cuasi esclavitud y de pobreza laboral a miles de mujeres", indica.

Mientras que el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura, Ángel Benito, recuerda que "hace tres años que CCOO viene denunciando esta situación y es preocupante que se está extendiendo también a los centros geriátricos"

“Se están utilizando los procesos electorales sindicales, que son fraudulentos, para aprobar convenios de empresa que realmente no se negocian ni son conocidos por las propias trabajadoras del sector", explica.

Más allá de la vía política, CCOO ha abierto la vía judicial en varios casos y está a la espera de la resolución de los tribunales para detener esta "explotación laboral" que se aprovecha de la debilidad económica de muchas mujeres, muchas de ellas separadas y con cargas familiares, que necesitan sí o sí de algún ingreso todos los meses para poder sobrevivir.

DATOS

En Extremadura se producen más del 40% de las inaplicaciones del Convenio Estatal de Dependencia. Estas inaplicaciones contienen reducciones salariales, respecto al Convenio Estatal, de en torno al 40%, sustituyendo esas retribuciones por el salario mínimo interprofesional (SMI) para todo el personal con independencia de su categoría, y eliminan los complementos (domingos y festivos, disponibilidad y antigüedad).

Por si esto fuera poco, incrementan la jornada anual hasta el máximo legal. Según los datos del sindicato, esa situación podría afectar a más 1200 mujeres.

La otra vía para reducir los salarios respecto a los establecidos en el convenio, es la firma de convenios empresa. En este caso se producen dos hechos agravantes, el primero que están redactados de tal forma que seguirán vigentes hasta que el empresario quiera y, por otra, que para alcanzar un convenio de empresa es necesaria la participación de un colaborador útil, una organización sindical dispuesta a firmarlos. En este supuesto estarían algo más de 1.140 mujeres.

Antonio Cabrera indica que esto se está produciendo "con la connivencia de los sindicatos UGT y CSIF en Extremadura, cuyas delegadas en estas empresas están firmando estos convenios indecentes".

Por ello han trasladado esta problemática a UGT a nivel estatal y la respuesta ha sido que la organización extremeña es “autónoma”. Por otra parte, en dos casos donde las delegadas del sindicato han firmado también este tipo de convenios, CCOO se ha desvinculado inmediatamente de su representación.

DENUNCIA AL CONSEJERO

Según explica el sindicato, esta situación ha sido expuesta al consejero, así como posibles vías de solución, quien ha compartido con la FSS-CCOO de Extremadura su "preocupación", comprometiéndose a llevar a cabo las actuaciones que desde CCOO han solicitado: anular el cheque de servicios dado al usuario y sustituirlo por la contratación directa de la Consejería con las empresas que presten el servicio, que previamente deberán acreditar responsabilidad social en sus actuaciones, estableciéndose en los pliegos de condiciones el cumplimiento por parte de las empresas tanto de cláusulas sociales como del Convenio Marco Estatal que regula las condiciones laborales y económicas. Asimismo, debe potenciar la actividad de las inspecciones tanto de servicios sociales como de empleo para combatir el fraude.

Finalmente, el consejero coincide con CCOO en que "el objetivo final para asegurar una prestación de calidad a los usuarios y asegurar unas condiciones dignas de quienes prestan el servicio, pasa por la reversión de la gestión de estos servicios a la Administración Pública".

Desde la FSS-CCOO consideran como un plazo prudencial del cumplimiento final, que éste se produzca antes de la finalización de la legislatura.

Cabe señalar que, tanto Podemos como el Partido Socialista se han comprometido a desarrollar las acciones legislativas necesarias que hagan posible alcanzar este objetivo.