La delegada del Gobierno declara por un presunto delito de prevaricación

La Delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, está citada para declarar como investigada, este lunes 20 de mayo en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz a las 12.00 horas, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Previamente, a las 11.30 horas, prestará declaración la Secretaria General de la Unión de Extremadura, Florentina Mirón, en calidad de denunciante.

Los hechos denunciados se remontan a diciembre de 2018. Los agricultores extremeños estaban llamados a concentrase en Mérida en una tractorada convocada por La Unión de Extremadura. La organización contaba con el permiso de Delegación de Gobierno para celebrar esta manifestación, que además tenía el visto bueno en su recorrido.

Pero el día previo a la cita, a última hora de la noche, la Guardia Civil informó a los dirigentes de la organización sobre los cambios en el recorrido que la Delegación había tomado. Según la institución, la tractorada no podría entrar en el centro de Mérida, y por lo tanto, desde las tres fuentes deberían dirigirse directamente a la rotonda de Agricultura.

El recorrido que estaba programado por La Unión, y ratificado por Delegación, era una concentración en la rotonda de las Tres Fuentes de todos los tractores llegados desde diferentes puntos de la región. Una vez allí saldrían dirección rotonda de Las Escolapias para después dirigirse por calle Oviedo hasta llegar a Presidencia de la Junta, donde pretendían concentrarse para entregar un manifiesto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Ante esto, La Unión interpuso a primera hora de esa mañana una demanda por la que se celebró un juicio rápido. A las 12:30 horas los tractores y agricultores permanecían parados a la espera de la resolución del juez en la rotonda de las Tres Fuentes. Pero los minutos pasaban y la resolución no llegaba, por lo que decidieron seguir adelante.

Pensaban que hasta llegar a la rotonda de Las Escolapias la resolución ya habría llegado, y por tanto conocer qué rumbo tomar. Pero no fue así, los minutos pasaban y la manifestación cada vez estaba más cerca de esta rotonda. Los tractores no podían detenerse puesto que si no serían sancionados por la Policía Local con multas de hasta 600 euros, no recurribles.

Vivieron momentos de mucha tensión a la espera de dicha resolución. Tenían la esperanza de que la Delegación del Gobierno recapacitase y les dejara entrar en el centro para enviar esa carta al presidente, pero finalmente no sucedió. Una vez en la rotonda de Las Escolapias, sin la resolución notificada aun, los agricultores y tractores tuvieron que seguir hacia delante dirección a la rotonda de Agricultura para no ser multados.

Ante estos hechos, la Unión denunció por vía judicial y la Sala de los Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entendió dos cuestiones: la primera es que no era legal la modificación del recorrido aprobado por la Delegada del Gobierno y la segunda es que, teniendo en cuenta la fecha y hora de la comunicación se había delejado a la Unión sin la posibilidad de recurso anterior al desarrollo del acto, por lo que se había vulnerado el Derecho Fundamental de Reunión y manifestación de los convocantes.