La delegada del Gobierno llamada a declarar por presunta prevaricación

7Días ha tenido acceso al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz que dicta que Yolanda García Seco, actual delegada del Gobierno en Extremadura, tendrá que declarar a las 10:00 horas del próximo 9 de mayo en calidad de investigada.

Se le imputa un presunto delito de prevaricación administrativa, así como otro contra los derechos individuales.

Los antecedentes se remontan a la tractorada que La Unión Extremadura convocó y se llevó a cabo el pasado 19 de diciembre en Mérida. Unos 250 tractores procedentes de Vegas Altas, Vegas Bajas y Tierra de Barros iban a recorrer la capital emeritense para entregar al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un manifiesto donde los agricultores y ganaderos denunciaban los precios “cada vez más ruinosos” que recibe el sector agrario por sus productos.

Y tenía el visto bueno para celebrarse: una vez en la ciudad la tractorada hubiera partido desde la rotonda de las Tres Fuentes, atravesando las calles Oviedo y John Lennon, hasta llegar a Presidencia de la Junta donde se concentrarían para entregar el manifiesto a Fernández Vara.

Pero nunca llegaron a circular por las calles céntricas de Mérida, ni llegar a la sede de Presidencia para poder entregar dicho manifiesto. Alguien podría estar impidiendo que los agricultores extremeños molestaran a Vara.

¿EL MOTIVO?

Pasadas las 21:00 horas del día previo la Guardia Civil se personaba en el domicilio de Luis Cortés, secretario de La Unión de Extremadura, para informarle que la Delegación del Gobierno en Extremadura cambiaba el recorrido de la tractorada convocada para el miércoles 19 de diciembre.

Delegación modificaba el itinerario descrito por el siguiente: rotonda de las Tres Fuentes hasta la Consejería de Agricultura a las afueras de la ciudad.

Por ello, La Unión interpuso la misma mañana una demanda para poder entrar en el núcleo urbano de Mérida, tal y como estaba previsto. Fueron horas esperando una respuesta del juicio rápido que en esos momentos se estaba celebrando para decidir el recorrido.

TENSA ESPERA

Pensaban que al llegar a la rotonda de Las Escolapias la resolución habría llegado, y por tanto conocer qué rumbo tomar. Pero no fue así, los minutos pasaban y la manifestación cada vez estaba más cerca de dicha rotonda. Además, los tractores no podían detenerse puesto que de hacerlo serían sancionados por la Policía Local con multas de hasta 600 euros, no recurribles.

Se vivieron momentos de mucha tensión a la espera de dicha resolución. “Teníamos la esperanza de que la Delegación del Gobierno recapacitase y nos dejara entrar en el centro para enviar esa carta al presidente”, pero finalmente no sucedió.

Toda vez en la rotonda de Las Escolapias, y sin la resolución notificada aun, los agricultores y tractores tuvieron que seguir hacia delante dirección a la rotonda de Agricultura para no ser multados.

En este punto y en declaraciones a 7Días, la secretaria general de La Unión Florentina Mirón se preguntó: “¿esto es una democracia o una dictadura encubierto?”. Considerando una “guarrada” que la Guardia Civil entregase a menos de 10 horas de producirse la manifestación una notificación en la que cambiaron el recorrido de la tractorada.

Además, criticó que la delegada del Gobierno “ha impuesto este recorrido” porque “no quiere que entren los tractores por Mérida”.

FALLO EN CONTRA DE DELEGACIÓN

Un día después, 20 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló en contra de la Delegación del Gobierno por entender que vulneró el derecho fundamental de reunión, cuando decidió modificar a última hora el itinerario de la tractorada convocada por la organización agraria ‘La Unión’.

Fue por la tarde cuando el TSJEx emitió su fallo, indicando que la Delegación había vulnerado el derecho fundamental de reunión. Desde la institución acataron la sentencia, pero defendieron que la decisión fue tomada “siguiendo las directrices e informes de la Policía Local de Mérida”, quienes según Delegación, “desaconsejaban el itinerario inicial por el peligro que el mismo entrañaba para la circulación y el tránsito peatonal”. En este punto entraría en juego el propio alcalde de Mérida.

LA UNIÓN SE QUERELLÓ

La organización agraria convocante denunció la actitud “poco democrática” de la delegada del Gobierno por “el intento de boicotear el acto de protesta”. Así, anunciaron la interposición de una querella por delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, por entender que la delegada del Gobierno “ha vulnerado un derecho fundamental consagrado en la Constitución”.