La Junta exige al Estado las competencias sobre la jornada de los funcionarios

La Junta de Extremadura ha valorado el acuerdo para la mejora del Empleo Público y de las condiciones de trabajo, rubricado entre el Ministerio de Hacienda y las fuerzas sindicales del pasado viernes; pero exige la devolución de las competencias sobre la jornada laboral a las Comunidades Autónomas.

Este acuerdo ha sido trasladado este jueves por la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, durante el desarrollo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Ejecutivo extremeño destaca que, tal y como recoge el acuerdo, la gestión de la jornada ordinaria de trabajo no debe estar supeditada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de cada Comunidad Autónoma.

Esta situación abre una brecha entre las Comunidades Autónomas y promueve que haya funcionarios de primera y segunda, al mismo tiempo que enfrenta a los Gobiernos autonómicos entre sí.

"Extremadura ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años para cuadrar sus cuentas sin recortar en las políticas sociales", aseguran desde la Junta.

"Pero el Ministerio de Hacienda obvia ahora este esfuerzo y vuelve a relegar a la Comunidad extremeña a un papel secundario y a nuestros empleados públicos a soportar el peso de las reformas", añaden.

Hay que tener en cuenta que Extremadura ha rebajado su déficit más de un 70% desde 2014 a 2017, lo que se traduce en una reducción de 323 millones de euros. "Todo ello, sin recortar en políticas básicas fundamentales", recalcan.

Al inicio de la legislatura, el déficit se situaba en el 2.79%, es decir, en 491 millones de euros. El límite fijado era del 0,7%, es decir, de 123 millones.

En la actualidad, aunque Extremadura estará muy próxima a cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2017, según los términos que recoge el acuerdo, aún no será posible revertir las mejoras de la jornada laboral en los empleados públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

A esta situación hay que añadir que el Gobierno Central continúa sin presentar su propuesta para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, un nuevo modelo que debe garantizar el Estado del bienestar y aportar a las Comunidades Autónomas los fondos que necesitan para garantizar las competencias que tienen asumidas.