La Junta valora positivamente el mantenimiento de fondos para la PAC

La Junta de Extremadura valora positivamente el mantenimiento de fondos para la Política Agraria Comunitaria (PAC) durante el período 2021-2027 en un contexto complejo, que incluye la salida del Reino Unido de la UE (y la reducción del presupuesto de la UE en un 12,5 por ciento) y un “fondo de reconstrucción histórico”, de 750.000 millones de euros, de modo que “se han cubierto los objetivos mínimos del presupuesto de la PAC”, según ha declarado hoy en rueda de prensa la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García.

La responsable de Agricultura ha informado acerca de los asuntos abordados en la Conferencia Sectorial sobre la Política Agraria Comunitaria (PAC), entre los que se incluye el Marco Financiero Plurianual, aprobado en el pasado Consejo Europeo, y que fue votado ayer en el Parlamento Europeo.

La consejera ha destacado que hay ligeros aumentos tanto para el pilar 1 (FEAGA) como para el pilar 2 (FEADER) y llegarán a España 47.682 millones de euros, entre fondos FEAGA y FEADER, frente a los 47.500 millones del período anterior 2014-2020, por lo que se ha cubierto “el objetivo de garantizar el mismo presupuesto de la PAC”.

Respecto al fondo para la reconstrucción de la UE, de los 750.000 millones de euros, a España le corresponderán 140.000 (el 11,2% del PIB de 2019), de los que 72.750 millones son ayudas no reembolsables. De esos 72.750, 59.000 millones vienen para el Plan Nacional de Reformas, “en el que va a estar también el sector agroalimentario”, en palabras de la consejera.

POSICIÓN DE EXTREMADURA

La consejera Begoña García ha explicado la postura de Extremadura en la Conferencia Sectorial sobre la Política Agraria Comunitaria, celebrada ayer, y que apuesta por que los “agricultores genuinos” sean los que tengan derechos a pagos directos. También se aboga desde Extremadura por que la ratio entre los ingresos agrarios y los totales deben fijarse en un rango entre el 20 y el 30 por ciento y que “el cumplimiento debe ir estrechamente ligado al desarrollo de la actividad agraria en el territorio y su comprobación, para ser agricultor genuino”.

En ese sentido, se defiende desde Extremadura que no se pueden establecer condiciones artificiales en el cumplimento de tal requisito, de manera que “los perceptores que declaran barbechos exclusivamente o pastos sin ganado, y sin una actividad agraria claramente constatable, deben ser eliminados de lo que se considera agricultor genuino”.

Extremadura -ha insistido la consejera- apuesta por un “régimen de pequeños agricultores, que tendrían un pago simplificado”, porque “lo que queremos es que se siga incentivando el desarrollo de la agricultura y ganadería en muchas comarcas desfavorecidas”, en las que estos ingresos tienen un papel clave en la lucha contra la despoblación y desde un punto de vista social y medioambiental.

Se propone un máximo de entre 2.000 y 3.000 euros y un máximo de hectáreas que se pueda declarar, de cualquier modo, es fundamental la comprobación de que se realiza la actividad agraria.En la ayuda básica a la renta -hoy pago básico- se debe establecer una “regionalización basada en criterios agronómicos” y en la potencialidad productiva de las distintas regiones, con diferenciaciones por sistemas de explotación y la potencialidad agraria en esos sistemas de explotación. También se deberían tener en cuenta criterios socioeconómicos.

Respecto a las distintas opciones sobre la permanencia o no de los derechos históricos, “la opción más apropiada para Extremadura pasa por una buena definición del sistema regional”. Así, “podríamos apoyar la eliminación de los derechos siempre que se mantengan los valores medios de las regiones de regadío y especialmente el mantenimiento de los valores medios para que puedan continuar los cultivos en desarrollos comarcales”.

El ‘capping’ supone la limitación del importe por arriba de los pagos directos. “En Extremadura fuimos favorables a 60.000 euros pero en el acuerdo del Consejo lo elevan a 100.000 euros, el tope por explotación”, pero de ahí hay que quitar los costes salariales, para no perjudicar al empleo que crean las explotaciones.

“La condicionalidad reforzada se debe establecer con la menor carga posible para el beneficiario, básicamente lo mismo que el pago verde de ahora”, pero se exige que se hagan a través de 8 ecoesquemas propuestas por el Ministerio. “Extremadura defiende la simplificación de los mismos, que tendrán carácter voluntario para agricultores y ganaderos, y obligatorios para el Estado”, ha afirmado la consejera.