Los okupas son un problema real para la ciudad de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, ante las últimas ocupaciones de viviendas y la gravedad de los hechos, se ve abocado a la utilizar por la vía penal el desalojo de las viviendas, en lugar de la vía administrativa como se ha venido haciendo en el pasado. Simultáneamente se reforzará la protección de viviendas vacías.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado, ante las últimas ocupaciones que se han producido en la calle Río Tíber y los intentos que se han producido en algunas viviendas de Aldea Moret, “que el Ayuntamiento utilizará la vía penal ante la gravedad de los hechos y no permitirá que nadie se ocupe ilegalmente lo que es de todos”.

Dicha conducta está tipificada en el Código Penal como delito de usurpación de bienes, que se ve agravada con actuaciones ilegales y delictivas como son la venta de viviendas que no son de su propiedad.

El Ayuntamiento sabe que hay que recuperar esas viviendas, ha añadido el regidor municipal, “que la adjudicación de estos recursos habitacionales tiene que ser justa, proporcionándoselas a las familias que lo necesitan, pero en ningún caso pueden convertirse en objeto de mercadeo, alquiler o venta ilegal. Situación que tenemos razones para sospechar que lleva dándose desde hace muchos años”.

Y además, “para garantizar a los vecinos mayor seguridad en sus bloques y que puedan estar más tranquilos sin el estrés permanente pensando que les van a ocupar las viviendas vacías”.

El alcalde ha señalado que actualmente son 25 las viviendas ocupadas en los distintos pisos de Aldea Moret, “12 en la calle Río Tíber y 4 de ellos ya han agotado la vía administrativa pero no se ha producido el desalojo”. Es preciso detallar que en los dos últimos años se han producido menos ocupaciones que en los años anteriores, ha recordado el alcalde, que insiste en que no se trata de una situación nueva ni agravada en los últimos años, sino arrastrada desde hace décadas.

“Otras soluciones que se han intentado poner en marcha en Aldea Moret no han dado ningún resultado y la gente sigue viviendo de manera ilegal y los recursos están perdidos para la política social del Ayuntamiento”, ha destacado Salaya.