Manifestación en Mérida por el descontento de los empleados públicos en abuso de la temporalidad

El pasado 21 de julio se convalidó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo publico y se aprobó con la condición de que se tiene que tramitar como Proyecto de Ley antes de finales de octubre.

En esta convalidación, se hizo publico por parte de la Ministra de Hacienda y Administración Pública que los trabajadores en abuso de la temporalidad con más de 10 años de antigüedad en su puesto, podría permanecer en su puesto de trabajo sin necesidad de tener que aprobar otro proceso selectivo más.

Este anuncio ha provocado una multitud de críticas e interpretaciones por parte de diferentes sectores de nuestra sociedad, como son Partidos Políticos, Sindicatos mayoritarios en la Función Pública y opositores, algo propiciado "por la ambigüedad del anuncio y la falta de claridad del mismo".

COMUNICADO DE USO Y PILTEX

En primer lugar, desde USO y PILTEX pensamos que este punto de partida puede ser positivo, aunque lo consideramos insuficiente. Según la Legislación vigente, tanto nacional como la europea, cuando existe un abuso en la temporalidad en la contratación en las Administraciones Públicas, debe sancionarse a la Administración incumplidora y no a las y los empleados públicos que han sido las víctimas en esta situación por la inacción de los correspondientes Gobiernos. El abuso en la temporalidad se produce cuando la Administración supera el plazo establecido de tres años sin cubrir un puesto vacante y mantener a un trabajador temporal en el mismo. Esta manera interesada en la forma de actuar de la Administración responde a la “docilidad” que han mostrado durante décadas el personal temporal, ocupando los puestos de trabajo de más difícil cobertura por las exigencias de los mismos, relacionados principalmente por sus turnos de trabajo o por las funciones a desempeñar. Ante esta situación y tras el incumplimiento reiterado de la Administración en los plazos de coberturas de las plazas vacantes, consideramos que la regularización debe realizarse con todas y todos los trabajadores en abuso de la temporalidad, es decir, con todas y todos los que lleven más de tres años ocupando un puesto vacante, no de diez años, un número arbitrario y elegido al azar, como podría haberse elegido el número 5 o el 15.

En segundo lugar, resulta inconcebible el ataque y abandono que han sufrido estas y estos trabajadores durante décadas por parte de un sistema en el que se ha “comprado” una paz social a base de subvenciones públicas y prebendas sindicales en forma de liberaciones a los que debería haber sido los garantes de los derechos de estas y estos trabajadores, más preocupados por mantener su estatus y privilegios.

Con respecto a las y los opositores y aspirantes a conseguir un puesto de trabajo en la Administración Pública, se les ha presentado el colectivo de trabajadores en abuso de la temporalidad como los culpables de esta situación, cuando ellos solamente han sido las victimas, al igual que los opositores, de unos Gobiernos más preocupados en mantener sus sillones políticos que en respetar la Legislación vigente y en la continua amortización de plazas vacantes, en lugar de convocarlas a oposición. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, fue un cheque en blanco que ha permitido a Gobiernos de todos los colores una continua eliminación de plazas de empleo público, en lugar de su convocatoria y oferta para todas y todos esos aspirantes que intentan buscarse un futuro en la Administración.

Otra situación que se está fomentando desde diferentes sectores, es el enfrentamiento del colectivo de trabajadores fijos con el colectivo de empleados en abuso de la temporalidad. Esta vieja forma de actuar basada en la división del colectivo de empleadas y empleados públicos, produce el desvío de la atención de los problemas reales de todas y todos los afectados y una cortina de humo que permite a los de siempre mantener su estatus y privilegios.

Desde USO y PILTEX pensamos que lo que deberíamos hacer, tanto sindicatos como Administración, es trabajar para buscar el punto en el que los derechos de todos y cada unos de los colectivos se viesen respetados, es decir, que las y los empleados en abuso de la temporalidad puedan permanecer en su puesto de trabajo como sanción a la inacción de la Administración, que las y los trabajadores fijos de la Administración vean respetados todos y cada unos de sus derechos, como por ejemplo el derecho a promocionar y a trasladarse a otro puesto de trabajo, y el de las y los opositores a acceder a la Administración con ofertas reales de empleo, volviendo a crear la totalidad de las plazas que han sido aniquiladas por los diferentes Gobiernos desde el año 2012 hasta la actualidad y ofertándolas a este colectivo para que puedan tener mayor estabilidad laboral y emprender nuevos proyectos de vida.

CONVOCADA UNA MANIFESTACIÓN

En este sentido, desde USO, CNT, PILTEX, APRONFIS y ABOFINEX, hemos convocado para el próximo 7 de septiembre en la Plaza de España de Mérida una concentración desde las 18:00 horas hasta las 20:30 horas para mostrar el sentir del colectivo de empleadas y empleados públicos en abuso de la temporalidad y exigir una solución para este colectivo de trabajadores que llevan sufriendo la inactividad del Gobierno de la Junta de Extremadura durante décadas, consiguiendo con ello que la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas en Extremadura esté situada por encima del 35%, una de las más altas del país. Le pedimos al Sr. Presidente que defienda los derechos de sus ciudadanos ante el Gobierno nacional y que interceda, si lo estima conveniente, para buscar la solución más satisfactoria y ajustada a la Legislación vigente para el colectivo.