Ven la subida de las pensiones como "irreal" ante la inflación actual

El Gobierno ha anunciado una subida del 2,8% para las pensiones contributivas en 2025, aplicando una fórmula que ha sido calificada de "irreal" para reflejar el coste de la vida. Sin embargo, el incremento para las pensiones no contributivas aún está por definirse, ya que el decreto correspondiente no se ha publicado.

Esta medida ha generado preocupación entre colectivos de pensionistas y trabajadores, quienes denuncian que la fórmula aplicada no refleja adecuadamente las subidas de precios en bienes y servicios esenciales como alimentos, energía, transporte y medicinas. Según organizaciones como Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), esta decisión profundiza la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de sectores vulnerables, especialmente pensionistas y trabajadores en situaciones de precariedad.

La subida, que no se ajusta plenamente al índice de precios de consumo real, es considerada insuficiente para contrarrestar los efectos de la inflación. "En un contexto de inflación elevada, esta medida amplía la pobreza y la exclusión social", sostienen las plataformas de defensa del sistema público de pensiones. Además, exigen que las pensiones mínimas "se equiparen al salario mínimo interprofesional para garantizar una calidad de vida digna".

El comunicado también denuncia la implementación de Planes de Pensiones de Empleo (PPE), que, según los críticos, desvían fondos hacia el sector privado, favoreciendo a bancos y fondos de inversión en detrimento de la sanidad y pensiones públicas. A esto se suma la falta de avances en la auditoría de la Seguridad Social, un mandato legal que, según el Tribunal de Cuentas, permitiría recuperar 103.000 millones de euros en gastos impropios y fortalecería la sostenibilidad del sistema público de reparto.

Las organizaciones de pensionistas han reiterado su demanda de interlocución con el Gobierno y el Parlamento para impulsar una reforma fiscal progresiva que fortalezca el sistema público de pensiones. Así, señalan la necesidad de abordar desigualdades estructurales, como la brecha de género en salarios y pensiones, y corregir injusticias históricas que afectan principalmente a las mujeres.

El movimiento pensionista asegura que continuará movilizándose en las calles y frente a las instituciones mientras denuncia las medidas que considera perjudiciales para el modelo público de pensiones. Quedan a la espera de conocer el decreto final para evaluar su impacto y decidir nuevas acciones.